El propósito del exhorto, que presentó al Pleno el diputado panista Gregorio Barradas el pasado día 9, “consiste en evitar daños a los recursos naturales o a los ecosistemas”.

La historia del transbordador, según los considerandos del dictamen publicados en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro ayer, consiste en lo siguiente:

El 23 de marzo de 2007, en conferencia, integrantes de la directiva de Naviera San Miguel informaron que luego de ocho meses en los que se realizaron trabajos de remodelación y acondicionamiento, se contó con la certificación de seguridad que emitió la Organización Marítima Internacional para el servicio de transportación marítima de carga y pasaje entre la isla de Cozumel y Calica.

Una vez que la Dirección de Marina Mercante de la Coordinación General de Puertos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó dicho permiso a El Arcángel, el 13 de abril de 2007, se realizaron las maniobras de prueba, pero ésta no tuvo éxito porque falló uno de los motores.

El 3 de mayo de 2007, la Naviera San Miguel recibió la autorización para empezar operaciones, y el 8 de mayo de 2007 realizó su primer servicio, partiendo de Cozumel a Calica con el 75 por ciento de ocupación.

Se lee en los considerandos del dictamen: “sin embargo, el transbordador El Arcángel tuvo una serie de problemas, lo que provocó que los ejecutivos de la Naviera San Miguel decidieran enviarlo a Cuba para su reparación, hecho que no aconteció debido a que el 13 de octubre de 2007 el transbordados encalló en un banco de arena”.

Sigue la Comisión dictaminadora: “A la fecha, el transbordador sigue encallado pese a los intentos de rescate, que por no llevarse adecuadamente han provocado deterioros al barco, que pueden afectar la vida marina y las actividades productivas en una zona con un intenso desarrollo turístico como lo es Cancún”.

A juicio de los legisladores dictaminadores, El Arcángel pone en riesgo al entorno ecológico porque “podría arrojar aceite, combustible u otro material peligroso, ocasionando daños a los recursos naturales y a los ecosistemas, así como a la imagen de una zona de gran turismo, como lo son las playas de Benito Juárez”.

Tras su aprobación, el Punto de Acuerdo fue enviado a la Semarnat, que ahora deberá contestar al respecto. (Fuente: diario Quequi)