Los lancheros afectados piden la intervención de las autoridades de la Secretaría de la Función Pública a nivel federal pues aseguran que es la corrupción lo que está detrás de estas revisiones.

Desde temprano, la lancha “Guardaparque” –cuya ausencia cuando se le requiere de veras en el parque marino es proverbial- se colocó en la entrada del área natural protegida, pasando apenas el muelle Puerta Maya, para dar cacería a los lancheros.

El justificante oficial es que se trata de un operativo de verificación de permisos para operar en el parque marino; sin embargo, los afectados aseguran que todo esto tiene más qué ver con un asunto de corrupción que con verdaderas ganas de hacer bien las cosas.

De acuerdo a esta versión, el problema es que, como cada dos años, pronto se abrirá el proceso para solicitar de manera oficial los permisos de operación para esa área y los federales saben que la única manera legal de negarles esos permisos a los lancheros locales –para cuyo control y beneficio se supone que se creó el área natural protegida- es levantándoles previamente las actas de inspección en las que se les acuse de romper las reglas de operación del parque, lo que, resulte cierto o no, los hace inelegibles por dos años más.

Afirman los afectados que esta estrategia se les ha aplicado ya cuatro veces en un periodo de ocho años en el que ninguno de ellos han podido acceder a uno de esos permisos, mientras que las grandes empresas de capital privado y en su mayoría extranjero que operan en la isla e incluso compañías nuevas que aparecen de la nada, sin ningún problema obtienen permisos nuevos o ampliaciones de los que ya poseen, con lo que llegan a meter al parque barcos con más de 150 personas a bordo, lo que rompe por mucho los supuestos límites del plan de manejo.

El objetivo de los empleados federales, dicen los lancheros, es mantener ellos el control del limitado número de permisos nuevos que se dan cada dos años para, en lugar de dárselos a ellos cobrando sólo los derechos de ley, se los puedan asignar a quien mejor se los pague “por debajo del agua”.

Los permisos se llegan a cotizar, dicen, hasta en tres mil dólares por asiento, cuando la más modesta lancha tiene ocho plazas.

Para reforzar su argumento, algunos lancheros aseguran que si lo que les preocupara a los federales fuera la conservación ambiental o las reglas del parque, en cualquier otro momento del año que no estén de “operativo” ni se acerque la fecha de los permisos, tampoco aceptarían la “propina” que muchos de ellos mismos les dan a cambio de dejarlos entrar en el parque con simplemente comprar los brazaletes de dos dólares por turista que cobra el gobierno federal por visitar los arrecifes.

Lancheros de Cozumel agrupados en torno a la Federación de Cooperativas Turísticas de Quintana Roo, cuyo secretario general Fernan Salazar también fue víctima de estas acciones, pidieron la presencia en la isla de inspectores de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal “para que vean y se vayan de espaldas de cómo viven y lo que hacen aquí sus muchachitos”. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)