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Ordenan auditar cuentas del DIF y el CRIC

Detectan irregularidades que deberán confirmar con el inicio de una investigación más detallada, confirma el alcalde de Cozumel.
May
03
2008

COZUMEL, MX.- El presidente municipal, Juan Carlos González Hernández, confirmó que se ordenó iniciar una investigación en el DIF Municipal, así como en el Centro de Rehabilitación Integral de Cozumel (CRIC), a efecto de reunir pruebas que permitan proceder vía legalmente contra algunos ex servidores públicos.

Explicó que al descubrirse diversas irregularidades, así como malos manejos en la institución, se consideró necesario iniciar una auditoria que podría dar pie a una demanda formal en contra de autoridades de la pasada administración.

El presidente municipal, informó que se ordenó en consecuencia auditar también todas las actividades y manejos de la Administración Costera Integral Sustentable (ACIS) que encabezó durante varios meses Miriam Rodríguez Zuñiga, debido a que se detectó una deuda de 3 millones de pesos al Infovir, además que la empresa extractora contratada durante la administración de Gustavo Ortega Joaquín, debe al Ayuntamiento un millón de pesos.

El gobierno municipio, señaló que conforme la Dirección de Asuntos Jurídicos avance en la revisión de documentos se irá auditando todas las direcciones del Ayuntamiento donde se han detectado desde desvíos de recursos y cuentas pendientes por pagar.

Asimismo, se sabe que existe la posibilidad que el Órgano Superior de Fiscalización, finque responsabilidades jurídicas al ex presidente municipal, Gustavo Ortega Joaquín,

por fraude que cometió al Ayuntamiento durante los tres años de administración.

“No se trata de una casería de brujas, ni mucho menos de un asunto político, sino que la intención es hacer que cada uno de los actores políticos de la pasada administración asuman una responsabilidad sobre los actos que cometieron en perjuicio del Ayuntamiento y en contra de los ciudadanos”, apuntó el alcalde.

Asimismo, la dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, recordó que se descubrieron desvíos de recursos destinados para el pago de becas, por lo que se llegó a adeudar dos millones de pesos por este concepto.

“Estamos investigando si se trata de recursos federales o municipales. Sin son becas municipales no habría tanto problema, pero si son de corte federal hay un delito grave”, comentó la titular del área jurídica del Ayuntamiento Rosaura Villanueva Arzápalo. (Fuente: diario Quequi)

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