COZUMEL, 25 de junio.- Fue Gustavo Ortega Joaquín quien dio el permiso de construcción de un aeródromo en medio de la selva de Cozumel y en un terreno colindante con la zona de captación de agua potable de la isla, la licencia la emitió a exactamente ocho días de irse de la presidencia municipal, los trabajos reiniciaron este miércoles pegando simplemente una copia de esa licencia en el portón.
La licencia de construcción emitida por el gobierno municipal anterior tiene un periodo de validez de un año, del 2 de abril pasado a la misma fecha del 2009, lo que rebasó el tiempo de gobierno de Gustavo Ortega.
Además, la propia emisión de la licencia merece un segundo y hasta un tercer análisis ya que el área afectada se encuentra en la zona que el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, POET, vigente que define cómo la UGA T-7 viola la disposición donde no está permitido realizar este tipo de trabajos porque es un área colindante con la zona de captación de agua potable de la isla.
Las reglas permiten el uso para infraestructura y para turismo, pero de manera condicionada y además, no están permitidos los asentamientos humanos, con lo que el proyectado hotel y campo de golf al lado de la aeropista podrían salir de esos criterios.
De acuerdo a los criterios del POET, que es la ley aplicable vigente, la palabra infraestructura significa: “Conjunto de obras mayores de ingeniería y fuentes de energía que dan soporte a la movilidad y funcionamiento de las actividades productivas, haciendo posible el uso del suelo, la accesibilidad, el transporte, el saneamiento, el encauzamiento y distribución de agua y energía, las comunicaciones telefónicas, etcétera; fuera de asentamientos humanos”.
Y el concepto “turismo con restricciones”, aplicable a esa área, significa el aprovechamiento mediante la implementación de facilidades turísticas mínimas, construidas con materiales de origen natural y de permanencia no prolongada.
Ninguno de esos conceptos parece sugerir que sea viable crear en esa área una pista de aterrizaje, la cual es parte de un proyecto que incluye hotel y campo de golf, instalaciones que difícilmente podríamos considerar “facilidades turísticas mínimas, construidas con materiales de origen natural y de permanencia no prolongada”.
Sin embargo, a pesar de todo ello, el gobierno que encabezó Gustavo Ortega emitió la licencia de construcción el pasado 2 de abril, a ocho días de irse del Palacio Municipal, a nombre de Eduardo Toledo, el empresario televisivo que fue uno de los principales apoyadores de las intenciones de Ortega para cambiar las leyes ambientales de la isla, y que luego lo cobijó en su canal de televisión otorgándole una larga entrevista con su conductor estrella en la ciudad de Cancún en la que el ex alcalde trató sin éxito de lavarse la cara ante la opinión pública el día que fue denunciado penalmente.
Cabe decir que una de las acusaciones que se le hicieron fue precisamente el haber incurrido en el delito de coalición indebida de funcionarios públicos, acusación que comparte con el otro firmante de la licencia 08-03-362 CNT, Sergio Soria Ximello.
La licencia de marras es para construir un aeródromo, aunque cabe aclarar que sólo ampara, textualmente, “738.70 metros cuadrados”, aunque en realidad, esa extensión se ha rebasado más de diez veces sólo en el área de la aeropista y cabe mencionar también que la mencionada licencia no ampara la grave tala de árboles protegidos como el zapote, la orquídea y el ciricote, que por cientos han caído en una extensión que es de varias hectáreas, y no de metros cuadrados.
Por otra parte, consultado al respecto este miércoles, el departamento de Aeronáutica Civil del aeropuerto cozumeleño dijo no estar enterado de que se haya solicitado permiso alguno para crear un aeropuerto privado en la isla, y que en la oficina local no se ha recibido notificación oficial alguna de que este permiso se haya emitido, ni a nivel local, ni a nivel de central.
Sin embargo, con todo y eso, las obras recomenzaron este miércoles con simplemente pegar una copia de la mencionada licencia en el portón de acceso al lugar del ecocidio.
En este sentido, la ambientalista Guadalupe Alvarez lamentó la situación e hizo un llamado al actual gobierno municipal para que actúe en contra de esa licencia, y la revise para verificar que fue emitida con apego a derecho o en su caso cancelarla y aplicar sanciones porque “hay un daño grave a la ecología del municipio”, y porque se atropellan leyes vigentes como el POET, la norma oficial mexicana 059 –que protege a las especies vegetales devastadas- y la Ley General del Equilibrio Ecológico.
Autoridades federales y militares que prefirieron no ser identificadas, afirmaron también que la construcción de la pista les es desconocida, que se ve como algo excesivo pues el lugar se encuentra a 20 minutos del aeropuerto de la isla, que tiene su propia área de aviación privada y que se reportará a las autoridades superiores para que se tome nota de su ubicación y se garantice que no se le dará un uso ilícito, por ejemplo para el narcotráfico. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)