El proyecto es propiedad del empresario Eduardo Toledo Parra, quien ni siquiera se esperó a que estuviera vigente el nuevo plan de ordenamiento –en cuyo proceso de creación intervino activamente este persona- y comenzó los trabajos a pesar de que el plan vigente lo prohíbe.

El predio de al menos 75 hectáreas –otras fuentes aseguran que son más de 140- se encuentra aproximadamente a 200 metros de la carretera perimetral, a la altura del kilómetro nueve, pasando el paraje conocido como Playa Corona, en la parte selvática de la isla.

Además de no contar con los permisos municipales, lo que se infiere del hecho de que el propio municipio clausuró el lugar y le colocó sellos de suspensión invocando una denuncia popular.

Fuentes militares confirmaron a la presidenta del grupo ecologista Citymar, la cozumeleña Guadalupe Alvarez, que no se les había dado aviso de la construcción de ninguna aeropista y que una instalación de ese tipo, dadas sus implicaciones para la seguridad nacional y su posible utilización por los narcotraficantes, debía contar con el visto bueno de las autoridades militares.

La devastación que se ha causado al medio ambiente en ese lugar es grave, cabe mencionar que el predio colinda con la zona de captación de agua controlada por CAPA, la cual se supone que está protegida contra cualquier tipo de aprovechamiento, lo que incluye una franja de amortiguamiento que toca sus linderos con este terreno.

Eduardo Toledo Parra, empresario del canal 10 de televisión local y dueño de desarrollos inmobiliarios en la Riviera Maya y al menos un hotel en la isla, compró este predio de la llamada “reserva ganadera” de Cozumel, a sabiendas de que la ley vigente prohíbe el tipo de desarrollo que le quiere dar al lote.

Por esa razón, esta persona fue un activo apoyador de los planes de Gustavo Ortega para cambiar el plan de ordenamiento de la isla por uno más permisivo, conocido como POEL, en el que los más beneficiados serían varios empresarios que tenían planes incompatibles con el anterior plan, conocido como POET.

Sin embargo, a pesar de que Toledo y Ortega, entre otros, se salieron con la suya al dejar aprobado el POEL, este plan no se ha publicado en el periódico oficial del estado y ello significa que no está vigente y que sigue teniendo plena validez jurídica el anterior ordenamiento, el cual no autoriza este tipo de trabajos en esos terrenos forestales.

Sin embargo, las labores empezaron hace meses, a juzgar por el estado de devastación que presenta el predio, donde miles de metros cuadrados han sido ya deforestados y donde la pista de aterrizaje para avionetas, que es parte del proyecto que, además incluye hotel y campo de golf, ya está terminada en su fase de terracería.

A juzgar por el asentamiento que ya presenta el material de relleno y el aspecto de la vegetación cortada, estos trabajos podrían haber comenzado desde antes de que concluyera el periodo de gobierno de Gustavo Ortega y muy probablemente con su aprobación; pues en ese tiempo se daba por un hecho que el grupo político del ex alcalde conservaría el poder en la isla y garantizaría los negocios de sus amigos, como es el caso de Toledo Parra, el empresario que en alguna de las reuniones de evaluación del POEL sugirió que se obviara el paso legal de la consulta pública porque lo consideraba una molestia inútil.

Por estos hechos, el gobierno municipal actual ha iniciado ya un proceso administrativo y el grupo ambientalista Citymar presentará formal denuncia ante la Profepa a nivel federal, pues a nivel local, los inspectores del medio ambiente una vez más, no se dieron tampoco cuenta de este grave atentado a la naturaleza.

Cabe mencionar como un dato al calce, que este empresario fue precisamente el que le dio su respaldo inmediato a Ortega Joaquín el día que se hicieron públicas las denuncias penales por malversación de fondos en su contra, y lo hizo ofreciéndole una larga entrevista en horario estelar en su canal de televisión. Favor con favor se paga. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)