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Ex funcionarios rechazan acusaciones de peculado
COZUMEL, MX.- "Somos gente honrada y nuestro prestigio se ve manchado por acusaciones sin fundamento y alejadas de la realidad. No hemos tomado un solo peso durante nuestro desempeño como funcionarios del Ayuntamiento", enfatizó visiblemente molesto José Raúl López Osorio, ex tesorero y ex secretario general del Ayuntamiento 2005-2008, en rueda de prensa.
“Más bien es un rollo mediático, la verdad yo creo que eso va hacia allá y por mi parte tenemos la disposición de que si hay que declarar estamos en la mejor disposición de hacerlo”.
Gustavo Ortega Joaquín, ex alcalde de Cozumel, afirmó que las críticas por su nombramiento como delegado del Fonatur no corresponde hacerlas a Juan Carlos González, pues fue el mismo gobernador del estado, Félix González quien lo avaló como un político honesto.
“Eso es algo que no le van a preguntar a él, es una decisión del Gobierno federal y en ese caso fue una decisión del director, y bueno aquí lo que yo les podría decir que en la representación como director de FONATUR creo que el gobernador del estado fue contundente y retomaré las palabras del gobernador diciendo que Gustavo Ortega es un político honesto, un político que ha desempeñado bien los cargos anteriores, y un político que sabe trabajar en equipo”.
Gustavo Ortega, tras criticar que el gobierno de Juan Carlos González no procedió ante el Órgano Superior de Fiscalización en las demandas por desvío de recursos, como debió hacerlo en vez de proceder ante la Procuraduría de Justicia del estado, indicó que ello no es otra cosa que un asunto mediático porque según dijo, no tiene la mayor trascendencia.
“En ese caso la Ley marca que el procedimiento debió haber sido ante el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del estado, y aquí todo se manejó a través del Ministerio Público no a través del Órgano Superior que si bien si metieron documentos no se hizo ruido en ese sentido, entonces obviamente lo que están haciendo ante el Ministerio Público no tiene otro fondo más que el hacer ruido mediático porque no tiene mayor trascendencia legal”. (Fuente: Enfoque Radio)
En tanto, Julissa Carreño González, ex contralora de la Comuna, puntualizó que ninguno de ellos fue llamado a aclarar ninguna situación y cuando ellos se presentaban voluntariamente no se les recibió y agregó que las auditorías no son válidas ya que no fueron elaboradas por el Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
En tanto, Rafael Guzmán, ex director jurídico, puntualizó que las denuncias de las que son objetos sus compañeros no procederán.
Entrevistada vía telefónica, Rosaura Villanueva Arzápalo, directora del Jurídico del Ayuntamiento, dijo sobre la improcedencia de las denuncias que los funcionarios acusados no pueden afirmar tal cosa, sino conoce como están integrados los expedientes.
Recordó que el gobierno de Gustavo Ortega demandó penalmente a un funcionario de la dirección de Desarrollo Social de anteriores administraciones, por lo que le extraña que ahora los funcionarios que trabajaron con él afirmen que no proceden las denuncias.
Recalcó que estas se pueden dar de forma paralela, independientemente de las acciones que determina el Órgano Superior de Fiscalización.
Molestia panista
Por su parte, Jesús Zetina dijo que lamentaba que el actual presidente municipal se concentre más en atacar a los miembros del gabinete de Gustavo Ortega y a este mismo, pues se tiene un gobierno que en lugar de avanzar retrocede, lo que da muestras de la incapacidad de Juan Carlos González, demostrada en los últimos 60 días.
"El PAN brinda su respaldo total a los ex funcionarios, así como lo hace el panismo estatal y nacional, que ya tiene conocimiento de lo que sucede en la isla", concluyó.
Durante la rueda de prensa que tuvo lugar en las instalaciones del PAN, se distribuyeron copias de la Ley de los Municipios del estado de Quintana Roo, en la que detalla en su artículo 56 que el Presidente, Síndico, Tesorero, Contralor y Directores, deberán de verificar el contenido de la información de entrega recepción, en un plazo no mayor a sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de la instalación del Ayuntamiento. En el mismo plazo, la administración anterior, deberá aclarar y proporcionar la información adicional que se le solicite.
En el artículo 57 se dice que en el caso de que la administración entrante descubra irregularidades en el plazo señalado en el artículo anterior, deberá hacerlo del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, para que éste proceda según corresponda.
Basado en estos artículos Julissa Guadalupe Carreño González, ex contralora, afirmó que no se están siguiendo los procedimientos y que se presentan denuncias en contra de ocho personas sin seguir los procedimientos.
En este sentido, José Raúl López dijo que será muy fácil derribar las acusaciones de las que hoy se les acredita responsabilidad, pues la información de la entrega recepción lo comprueba. Recalcó que si no logran encontrar dicha información es porque no saben como hacerlo.
Añadió que la entonces contralora municipal fue preparada por el entonces secretario de la Contraloría del Estado para poder llevar a cabo el proceso de forma correcta. Sin embargo, la poca preparación de los actuales funcionarios hecho por tierra y complicó un proceso que se pudo dar en el mejor de los términos.
Sobre las demandas que se presentaron contra ocho de ellos en la Procuraduría General de Justicia y los procedimientos de sanciones administrativas en su contra, Julissa Guadalupe Carreño puntualizó que es la Secretaría de la Contraloría es la única instancia que puede imponer sanciones administrativas tal y como lo refiere el articulo 57 de la Ley antes mencionada, no sin antes pasar por un procedimiento de ley. (Fuente: Novedades de Quintana Roo)
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