González Hernández escuchó la inquietud de los ejecutivos de las navieras, quienes le manifestaron que no pretende contravenir ninguna ley mexicana, pero hasta el momento no cuentan con información de la mecánica del pago de este derecho.

El primero de julio entra en vigor el cobro del derecho de cinco dólares por cada pasajero de cruceros.

La tarde del viernes pasado una fuente al interior del palacio municipal, quien pidió no ser citado, informó que el alcalde en su viaje por Miami, donde se reunió con los representantes de la FCCA, estos le agradecieron que se acercar con ellos pero le manifestaron que no están de acuerdo con el cobro de 56 pesos (cinco dólares americanos), postura que es la misma que en octubre del 2007 cuando los legisladores mexicanos aprobaron esta iniciativa de ley.

Los ejecutivos de las navieras dijeron estar en las mismas condiciones de desinformación sobre la mecánica y aplicación del derecho, motivo por el que consideran se deben de retrasar su aplicación.

En tanto, la diputada federal Sara Latife Ruiz Chávez al ser cuestionada sobre la petición de los cruceristas de retrasar la entrada en vigor de este derecho, dijo que el hacer esto es una facultad del ejecutivo mexicano.

Agregó que cuenta con datos que indican que existe la posibilidad de que el cobro de este derecho sea trasladado al mes de octubre, aunque aclaró que hasta el momento no hay nada oficial.

Por su parte, Aurelio Joaquín González, diputado por el Distrito VIII en Quintana Roo, declaró que el tampoco cuenta con información y que en el mismo tenor está la Secretaría de Hacienda del Estado de Quintana Roo, instancia que deben de firmar un convenio con Hacienda Federal como consecuencia de la aplicación de este derecho.

Recalcó que desde principios del mes de mayo el Congreso estatal envió cartas al Instituto Nacional de Migración (INM) y al SAT para pedir información pero hasta el momento no han tenido respuesta.

Manifestó su preocupación porque este derecho quede en letra muerta por la inoperatividad del cobro. Añadió que las navieras no quieren cobrarlo por no afectar a sus clientes, pero está también el asunto de los incrementos de los combustibles, situación que aunado a la recesión económica en los Estados Unidos y el cambio de gobierno en ese país, pudieran dar como resultado una disminución en el número de rutas, como ya lo hacen las aerolíneas.

Severa afectación

Los puertos que se vería afectados por esta reducción de llegadas de barcos y por consiguiente de turistas, serían Cozumel, Majahual y Playa del Carmen, aunque este en menor escala ya que el arribo de cruceros a la Riviera Maya no es tan significativo como lo es en los dos primeros casos.

Finalizó sus declaraciones diciendo que mantiene contacto estrecho con Silvia Hernández en el senado de la República, quien le hará llegar información la próxima semana sobre este asunto, ya que el 26 de este mes termina el periodo ordinario de sesiones en el Congreso.

"Si para entonces no hemos recibido respuestas del INM y el SAT, nuevamente enviaremos cartas", recalcó.
A principios de octubre de 2007 la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley Federal de Derechos que autoriza cobrar cinco dólares (56 pesos mexicanos) por cada turista que ingrese al territorio nacional vía crucero.

Según el dictamen, 80 por ciento del monto de este derecho se quedarán en los municipios en los que lleguen cruceros y serán etiquetados por la federación para programas de infraestructura, conservación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de zonas costeras. El 20 por ciento restante se destinará al Instituto Nacional de Migración.

Cálculos de la Secretaría de Hacienda indican que el nuevo derecho generará ingresos por 300 millones de pesos por año, pero hasta el momento esta secretaría no ha informado al gobierno de Quintana Roo y a los municipios de esta entidad en la que llegan los cruceros la mecánica del cobro que se supone se deben iniciar el primer día de julio.

El artículo 8 de la Ley Federal de Derechos establece que la recaudación se efectuará por medio de las oficinas autorizadas por el SAT. (Fuente: Novedades de Quintana Roo)