COZUMEL, MX.- COZUMEL, 22 de julio.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, finalmente clausuró este martes las obras de construcción de una aeropista que se realizaban sin la correspondiente autorización de la manifestación de impacto ambiental, trámite federal indispensable para una obra de este tipo, situación que fue denunciada por primera vez en estas páginas el pasado 23 de junio.
La suspensión de la obra obedeció a una denuncia ciudadana que alertaba del daño a los recursos forestales y a la vida silvestre de la zona, y porque los empresarios no contaban con la autorización de cambio de uso de suelo forestal.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) destacó que el aeródromo, conocido como el Proyecto Aerosol, ha afectado una superficie de 92 mil 714 metros cuadrados, lo cual viola la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, así como la norma NOM-059-SEMARNAP-2001.
En un comunicado precisó que en total se colocaron físicamente 15 sellos de clausura a lo largo de las vialidades del acceso principal al proyecto aeroportuario, en la propia pista, las áreas de rodamiento y de pernocta.
El proyecto Aerosol se ubica a la altura del kilómetro 10+600 de la carretera costera sur, en Cozumel.
Al momento de la clausura estuvo presente el apoderado legal de la empresa Club de Pilotos Isla Cozumel, David Molina Amar.
La Profepa reiteró que en acatamiento a sus atribuciones establecidas en la legislación mexicana, velará porque haya justicia ambiental en México.
Por ello exhortó a inversionistas nacionales y extranjeros a que antes de hechar a andar un proyecto en las zonas costeras del país, en las zonas boscosas o en áreas naturales protegidas, tramiten las autorizaciones suficientes para evitar ser sansionados y que sus proyectos sufran retrasos.
Finalmente recordó que el procedimiento administrativo contra el referido proyecto inició el pasado 3 de junio, cuando se procedió a realizar una visita de inspección en materia forestal.
Transcurrido el plazo legal a la empresa inspeccionada para que presentara la documentación que le autorizaba el desmonte y relleno que estaba realizando, se procedió a notificarles la clausura, toda vez que no entregaron permiso alguno. (Fuente: Notimex)
A continuación, la trascripción textual del boletín oficial que al respecto emitió la dependencia federal y que puede ser consultado por cualquiera en el sitio web “www.profepa.gob.mx”; la clausura está en efecto desde este martes.
Cd. de México, 22 de julio.- En atención a una denuncia ciudadana que alertaba del daño a los recursos forestales y a la vida silvestre de la zona, inspectores de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, decretaron ayer la suspensión de todos los trabajos y actividades de limpieza, tala, desmonte y relleno que venía haciendo la empresa Club de Pilotos Isla Cozumel, relacionados con la construcción de una pista aérea.
Este aeródromo, conocido como Proyecto Aerosol, (así está en el original, a pesar de que el proyecto se conoce en realidad como Aerogolf Cozumel, pues incluye un campo para jugar ese deporte), no cuenta con la autorización de cambio de uso de suelo forestal y, hasta el momento, ha afectado una superficie de 92 mil 714 metros cuadrados, violando flagrantemente la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, así como la NOM-059-SEMARNAT-2001.
En total se colocaron físicamente 15 sellos de clausura a lo largo de las vialidades del acceso principal al proyecto aeroportuario, en la propia pista, las áreas de rodamiento y de pernocta. Aerogolf se ubica a la altura del kilómetro 10+600 de la carretera Costera Sur, en la Isla de Cozumel, Q. Roo.
Al momento de la clausura, estuvo presente David Molina Amar, apoderado legal de la empresa Club de Pilotos Isla Cozumel, y se asentó que no se estaban realizando actividades o trabajos de desmonte o eliminación de la cobertura vegetal.
Este procedimiento administrativo dio inicio el pasado 3 de julio, cuando se procedió a realizar una visita de inspección en materia forestal bajo la orden PFPA/QROO/IV57/0194-08, en la que quedaron registrados los hechos y omisiones anteriores; transcurrido el plazo legal otorgado a la empresa inspeccionada para que presentara la documentación que le autorizaba el desmonte y relleno que estaba realizando, al no entregar permiso alguno, se procedió a notificarles la clausura.
La Profepa reitera que, en acatamiento a sus atribuciones establecidas en la legislación mexicana, proseguirá velando porque haya justicia ambiental en México, y exhorta a los inversionistas nacionales y extranjeros a que, antes de echar a andar un proyecto en las zonas costeras del país, en las zonas boscosas o en Areas Naturales Protegidas, tramiten las autorizaciones suficientes para evitar ser sancionados ejemplarmente y que sus proyectos sufran retrasos; concluye el boletín.
Al respecto, la ambientalista Guadalupe Alvarez, opinó que aunque la clausura es una noticia positiva, se debe verificar que esta sea permanente y no resulte ser una simple clausura de papel que se arregle con una multa pues “en ese lugar se ha causado una afectación importante e irreversible a la cubierta vegetal de la isla, se trabajó sin permisos federales –lo que es causal de que la autoridad niegue permanentemente el cambio de uso de suelo forestal- y no se realizó trabajo alguno de rescate de flora y fauna, además de que se cortaron y no se rescataron, cientos de especies de árboles maderables.
La ambientalista, quien fue la encargada de enviar varias denuncias ciudadanas sobre este asunto- afirmó que además de sancionar al particular, la Profepa debe también emitir al menos un extrañamiento o hasta fincarle responsabilidades al director estatal de Inira, Angel Mota Salazar, y al titular de la Seduma, Javier Díaz Carvajal, por rebasar sus funciones al emitir una autorización estatal de impacto ambiental que se esgrimió por los inversionistas como pretexto para el escandaloso desmonte.
La también presidenta del grupo ambientalista Citymar, el más activo de Cozumel, dijo que su organización se mantendrá vigilante de que se actúe conforme a derecho en esta situación pues externó sus dudas por la actuación de la dependencia federal, ya que dijo que se tomó casi un mes para proceder a la clausura, lo que ha dado tiempo de disfrazar la magnitud de los daños a los inversionistas y dijo que la clausura de los trabajos debe ser permanente para permitir la regeneración de la selva en una zona que, además, es parte del área de amortiguamiento para la zona de captación de agua potable de la isla.
Recordó también que los campos de golf, como el que ahí se planea además de la pista, están expresamente prohibidos para esa zona de Cozumel por su cercanía a la costa del parque marino y, nuevamente, por la zona de captación de agua potable. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)