Los terrenos los compran a un precio de oportunidad, de manos de gente para la que esos predios son inútiles, para luego venderlos a extranjeros mientras las empresas cabildean por debajo del agua con las autoridades para que se cambie el uso de suelo.

Un ejemplo de lo anterior son los terrenos de la llamada “reserva ganadera” propiedades de unas 75 hectáreas que los ejidatarios de Cozumel recibieron tituladas del gobierno del estado como pago tras la expropiación de sus terrenos costeros a manos del gobierno para crear lo que fue el Fidecaribe, hoy IPAE.

Esos terrenos, que en teoría pueden ser comercializados como cualquier otra propiedad titulada, tienen grandes restricciones ecológicas porque se encuentran hacia el centro de la isla, bordeando la zona de captación de agua potable de Cozumel.

Como se supone que en esos predios no puede construirse nada, quienes los han vendido lo han hecho a precios que reflejan estas limitantes.

Sin embargo, empresas como Trans Caribbean Trust y otras, han comprado esos predios a un promedio de 20 mil pesos por hectárea para revenderlos mucho más caros a personas, generalmente extranjeros, que creen estar aprovechando una gran oportunidad.

La empresa mencionada lo ha hecho ya en al menos dos ocasiones en Cozumel: cuando trató y logró comercializar varios lotes de una hectárea en la zona al norte de Mezcalitos, cerca de Rancho Ixpalbarco, en un área que la empresa rebautizó con el nombre comercial de “Pelican Beach” o playa pelícano, predios que fueron parte de la presión que estos y otros inversionistas ejercieron hacia las autoridades cobijados en el hoy indefinidamente postergado proyecto de Donald Trump en esa parte de Cozumel; y con la comercialización de lo que ellos llaman “Cozumel Estates” algo así como fincas Cozumel, predios ubicados en la reserva ganadera de la isla para cuya venta no ha sido un impedimento que uno de los usos incompatibles de esos suelos sean precisamente los asentamientos humanos.

La venta de estos predios podría incubar un problema a futuro para Cozumel debido a que estas personas, exigirán en algún momento sus derechos como propietarios y presionarán para que se les cambie el uso del suelo con el argumento de las inversiones que ya han hecho y las que planean hacer.

El gobierno, sin embargo, se define atado de manos, pues no es ilegal vender los predios o comprarlos, salvo porque a los compradores no se les dice toda la verdad esperando que con el tiempo, como ha ocurrido muchas veces, la autoridad doble las manos y conceda los cambios, con lo que la ecología de la isla resulta gravemente comprometida. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)