El subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, Ramiro Rubio, informó que la empresa construyó una barda y realizó una serie de pequeñas obras sin contar con autorización de impacto ambiental, razón por la que fueron clausurados.

El desarrollo condominal, que busca la construcción –en una primera etapa- de 244 unidades, en un lote ubicado en el kilómetro 5,200, Manzana 9 de la carretera a Punta Sam, fue denunciado el 20 de mayo pasado ante la delegación de la Profepa, por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), debido al presunto inicio de obras, sin autorización de impacto ambiental.

“Se verificó el cumplimiento de la medida de seguridad, se entró la semana pasada y se confirmó que estaba clausurado. Los promoventes de Villas del Palmar ya se acercaron a buscar el allanamiento del procedimiento para tratar de resolver su situación jurídica ante la Profepa…continúa clausurado”, expresó.

El funcionario manifestó que los inspectores hallaron en el terreno un cambio de uso de suelo en una porción “muy pequeña” e inicio de obra de una barda “no son cuestiones, tal vez, muy graves, pero hubo una falta administrativa y se va a tener que cerrar”.

Los promoventes de la obra habían señalado al ser entrevistados por El Periódico sobre este tema, que las obras iniciadas correspondían a la edificación de la sala de ventas -que obtuvo la respectiva autorización de impacto ambiental el 19 de diciembre del año pasado- por lo que el desarrollo del proyecto en sí no había comenzado propiamente, pues se encuentra sometido al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), efectuado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La empresa desarrolladora habría indicado también que contaba con la licencia de construcción para esa sala de ventas, expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de Isla Mujeres.

No obstante, en un recorrido hecho por este diario, se pudo constatar la existencia de sellos de clausura en algunas obras observadas en la parte costera del predio, sellos colocados por esa misma dependencia.

El caso de “Villas del Palmar, la Estancia Resort”, se situó en el ojo del huracán a finales del 2007, a partir de que organizaciones ambientales denunciaron que la senadora Eva Contreras, estaba presionando para que la Cámara Alta aprobase modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), específicamente al artículo 60 TER, que refuerza la protección de los manglares.

La panista es esposa del promovente del proyecto, Luis Fernando González Corona, a quien la Semarnat le había negado la autorización de impacto ambiental para construir en el sitio, el 29 de marzo del 2007, de acuerdo con el oficio 04/SGA/1121/07, pues el desarrollo no se sujetaba a las restricciones del artículo 60 TER. El proyecto, tampoco cuenta aún con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. (Fuente: El Periódico)

8 de Junio 2008 11:56 PM | Enlace permanente | |
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