Inician procedimiento legal contra ex alcaldesa por faltante de 70 mdp
ISLA MUJERES, MX.- La ex presidenta municipal, Manuela Godoy González estaría sujeta a un proceso de tipo penal, civil o político en caso de que no exista solventación en los casi 70 millones de pesos que reclama la actual administración.
Este acuerdo fue aprobado por el cabildo de Isla Mujeres incluyendo a los tres regidores del PRI, luego de la explicación que se les dio a los regidores ayer en la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo.
Como era de esperarse, la ex alcaldesa no se presentó y luego de tocar todos los puntos y hacer públicas las observaciones en materia de obra pública, oficialía mayor y tesorería entre otros, se decidió aprobar por mayoría que se iniciar un procedimiento en contra de la ex alcaldesa.
El síndico Municipal Arturo Ríos Magaña explicó que por el momento siguen a la espera de que el Órgano Superior de Fiscalización inicie un procedimiento similar sobre las observaciones y recordó una vez más que estas observaciones no son auditorias a los ejercicios fiscales, pues simplemente se trata de observaciones que se hicieron en la entrega recepción.
El funcionario dijo que aun cuando el cabildo anterior haya aprobado las cuestas de “Wely” esto no quiere decir que la actual administración no pueda revisarlas nuevamente.
“Nosotros estamos actuando conforme a la Ley, si estamos haciendo estas observaciones es porque nos vemos obligados a que el Órgano Superior de Fiscalización también los conozca” comentó el síndico municipal.
Sobre el procedimiento que podría empezar en contra de la ex alcaldesa Manuela Godoy, el síndico dijo que eso es un tema delicado que analizará el cabildo posteriormente y aseguró que así como podría ser penal o civil, también podría ser de carácter político.
Dijo que por el momento no se pueden ventilar todos y cada uno de los puntos que se han detectado en estas observaciones porque estas son observaciones y no acusaciones, lo que quiso que quede bien claro.
Negó la idea de que esto sea un revanchismo político, pues dijo que inclusive quienes apoyaron la idea fueron los tres regidores del PRI. (Fuente: diario Quequi)
En entrevista con los medios de comunicación, el funcionario sostuvo que esta verificación en la entrega recepción que realizó la pasada administración no es venganza política como se ha manejado.
“…Tan es así que no sólo la fracción panista votó a favor, fue voto unánime porque los tres regidores de la oposición se manifestaron a favor de que se fincaran los procedimientos” citó.
Basándose en el boletín de prensa que envió la ex alcaldesa, Manuela Godoy González donde aduce que sus cuentas públicas fueron aprobadas por el cabildo y por el Congreso del Estado, el síndico municipal aclaró que son cosas muy distintas la cuenta pública y la verificación de recepción.
“Nosotros estamos en gestión del artículo 56 de la Ley de los Municipios, en donde nos dan un plazo de 60 días para verificar el estado de la administración saliente e incluso en el artículo 57 dice que en el caso de descubrir irregularidades deberán ser señaladas en el Órgano Superior de Fiscalización” sostuvo.
Agregó que esta cuenta pública a la que se refiere la ex edil fue aprobada por un cabildo “un cabildo que ha sido señalado de corruptelas, que no nos consta pero que toda la comunidad señala”.
Apuntó que no se están verificando cuentas públicas, “sino la situación que guarda la administración saliente y de ahí hemos descubierto irregularidades que bien podrían constituir hechos de considerarse delitos” reiteró.
Sin embargo, esperarán a que sea el Órgano Superior de Fiscalización quien dé una resolución y de ahí se realizará el procedimiento conducente.
Ya que si bien Manuela Godoy señala que sus cuentas públicas fueron aprobadas e incluso manda una copia de la carátula del periódico oficial, eso no quiere decir que no existan irregularidades ya que en este mismo documento, también aparece aprobada la cuenta de Cozumel.
“Y estas están siendo señaladas y hay denuncias penales, eso no dice nada por lo que esperaremos a la resolución del Órgano Superior quien determinará si las observaciones resultan ser tipificadas como delitos o responsabilidad de tipo político, administrativo o penal” concluyó. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
