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Atorados los planes de desarrollo para Tulum y Akumal


Abr
19
2005

El Ayuntamiento de Solidaridad sigue trabajando en el análisis y el enriquecimiento de los planes directores de desarrollo de Playa del Carmen, Akumal y Tulum, pero al menos en este último caso no insistirá en su aprobación hasta que un juez federal no determine de manera legal y concluyente sobre la existencia jurídica del Parque Nacional Tulum, cuya virtual desaparición en la propuesta de actualización , generó una amplia polémica que llevó a la anterior administración a “congelarlo” y heredarlo al nuevo gobierno.

El Ayuntamiento de Solidaridad sigue trabajando en el análisis y el enriquecimiento de los planes directores de desarrollo de Playa del Carmen, Akumal y Tulum, pero al menos en este último caso no insistirá en su aprobación hasta que un juez federal no determine de manera legal y concluyente sobre la existencia jurídica del Parque Nacional Tulum, cuya virtual desaparición en la propuesta de actualización , generó una amplia polémica que llevó a la anterior administración a “congelarlo” y heredarlo al nuevo gobierno.

William Conrado Alarcón, director general de Administración Urbana, quien en el anterior trienio fue el principal promotor de las actualizaciones de los Programas de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen, Akumal y Tulum, dijo que no hay plazo ni fecha para lograr la aprobación de estos ordenamientos porque tampoco hay prisas, pero advirtió que es necesario que el gobierno municipal cuente con herramientas actualizadas para regular el ordenamiento porque existe el riesgo de que el crecimiento poblacional y la dinámica de las inversiones le ganen el paso al Ayuntamiento y provocar afectaciones y problemas urbanos que sea muy difícil revertir.

Explicó que en el caso del Programa de Tulum, el principal problema con el que se han topado para su aprobación lo constituye la polémica del Parque Nacional Tulum, cuya existencia legal ha sido cuestionada por el Ayuntamiento, apoyado en un análisis de una consultoría realizado por María Cristina Castro Sariñana y Marta Garate que fue muy criticado por grupos ambientalistas que iniciaron toda una contracampaña para denunciar lo que a su juicio constituía una flagrante irregularidad.

Los ecologistas, como se informó en su oportunidad, se negaron a avalar un programa que no tome en cuenta la existencia del Parque Nacional Tulum como área natural protegida y que ignore la existencia de un sistema hidrológico subterráneo de importancia capital para la conservación de la zona.

Conrado dijo que este ordenamiento está siendo enriquecido y será completado con algunos estudios para solventar toda duda desde el punto de vista ambiental con respecto a l existencia de un importante sistema hidrológico subterráneo.

Para ello, señaló que al norte de Tulum, en terrenos particulares, se está dejando una zona de alrededor de 200 hectáreas como área de conservación, es decir, que tendrá densidad cero para evitar cualquier tipo de construcción, mientras que hacia el sur del poblado, en terrenos del Ejido Tulum, existirá otro polígono de alrededor de mil hectáreas que tendrá esa misma función.

En estas zonas de conservación se han detectado importantes sistemas de cenotes y ríos subterráneos que entienden se deben de proteger de forma especia.

El conflicto por el Parque Nacional Tulum

Sin embargo, donde parece que sigue sin haber consenso, es en la existencia legal o no del Parque Nacional Tulum en donde William Conrado se negó a seguir polemizando y sólo se limitó a informar que la controversia ya está en manos de un juez federal y que será el él que determine jurídicamente lo que proceda.

Como se sabe, el Parque Nacional Tulum fue decretado en 1981 y constituye un polígono de poco más de 600 hectáreas en forma de “L” que comprende el sitio de la zona arqueológica de Tulum y una amplia franja costera que abarca toda la zona de Tankah que tiene en César Portilla a su principal propietario.

El abogado Gustavo Carvajal, quien asesora a esta familia, ha sostenido que el decreto del Parque Nacional Tulum nunca entró en vigor porque éste condicionaba la existencia del parque a la expropiación de las más de 600 hectáreas que integrarían esta área natural protegida, pero la expropiación nunca se ejecutó porque los propietarios ganaron los amparos al gobierno federal.

Es decir, no se puede hablar de la existencia del mismo ya que sólo es un “Parque de papel”, dijo en una reunión en la que se discutió este punto con ecologistas en enero pasado.

Los ecologistas, por su parte, se negaron a aceptar la desaparición “de un plumazo” del Parque Nacional Tulum y, en todo caso, señalaron que de ser cierta la tesis de que el decreto nunca entró en vigor, tendría que ser una autoridad judicial la que expresamente tendría que señalarlo y no sería el Ayuntamiento el que unilateral y arbitrariamente, por la sola elaboración del Programa Director de Desarrollo Urbano, se abrogará el derecho y la facultad de desaparecerlo.

Es por ello que Conrado dijo que el caso ya está en manos de un juez y que el Ayuntamiento se acatará a su fallo.

Akumal, en análisis

Por otra parte, este funcionario dijo que en el caso del Programa Director de Desarrollo de Akumal, dijo que los grupos ambientalistas de esa zona aún están realizando observaciones al documento y han hecho algunas objeciones al tema de las densidades y desequilibrios que se generarían entre la zona turística y el crecimiento de la ciudad que se tiene proyectado.

Actualmente Akumal tiene 55 hoteles y dos mil 200 cuartos, y un poblado de apoyo donde habitan actualmente menos de mil personas en medio de gran rezago social, pero según las proyecciones oficiales, en esa zona donde alguna vez se proyectó construir Cancún, a la mitad del actual corredor turístico de la Riviera Maya, está llamada a enfrentar en los próximo 25 años un crecimiento acelerado que obligará a replantear todos los servicios que existen, ya que para el año 2029 su población podría alcanzar los más de 206 mil personas y más de 51 mil viviendas, casi tres veces lo que actualmente existe en Playa del Carmen.

No obstante, William Conrado dijo que se quiera o no, siempre existirá un grado de desequilibrio entre las zonas turísticas y la ciudad y lo que se busca en diseñar una herramienta de regulación urbana lo más apegada a la realidad y a la dinámica del crecimiento que se está observando.

Aunque con menores objeciones, los programas de desarrollo urbano de la reserva poniente y de la zona costera de Playa del Carmen seguirán en análisis y por el momento no existe una fecha para esos documentos sean turnados de nueva cuenta al Cabildo de Solidaridad para su eventual aprobación. (Noticaribe)

Consignan a invasores de Costa Turquesa


Abr
13
2005

Por el delito de despojo en grado de tentativa, las 29 personas que fueron detenidas el pasado lunes al pretender realizar acciones de desmonte y delimitación en el predio conocido como Costa Turquesa, propiedad del empresario Francisco Rangel Castelazo, fueron consignadas poco antes de la medianoche del martes y trasladadas a la cárcel pública municipal.

Sin embargo, el coordinador de Ministerios Públicos en Solidaridad, Luis May Herrera, aseguró que la Averiguación Previa 0999/2005 continuará abierta para seguir las investigaciones para establecer la responsabilidad de terceras personas mencionadas en la demanda que el empresario Castelazo presentó como representante legal de la sociedad denominada “Desarrollo Costa Turquesa” que se ostenta como la legítima propietaria del predio que un grupo de personas encabezadas por una persona de origen alemán habrían intentado vender o apoderarse de él valiéndose de documentos falsos.

El funcionario dijo que la consignación se dio después de las diez de la noche del martes, ya que luego de una inspección ocular realizada al predio, así como otros elementos de prueba que se allegaron, a esa hora ya se contaban con todos los elementos para determinar la situación jurídica de los detenidos a pesar de que el plazo vencía a las cinco de la tarde de ayer miércoles.

Dijo que los detenidos, todos de origen chiapaneco, fueron puestos a disposición del Juez Penal de Primera Instancia y entre estos están Gabriel Ramírez Pérez, quien actuó como contratista, Samuel Ramírez Pérez, Antonio Mazariegos López, Mariano Estrada Zaragos, Tomás Gómez Hernández, José Antonio Mazariegos, Celestino Estrada Zaragos y Felipe de Ara Hernández.

Además, Miguel Zaragos Silvano, Gonzalo Pérez López, Jerónimo Zaragos Maldonado, Domingo Zaragos Álvaro, Efraín García Pérez, Marcos Teratol Gómez, Bersaín Sánchez Pérez, Mateo López Jiménez, Rogelio Arcos Sánchez, Luis Enrique Díaz Flores, Benito Hernández Ramos, Edy La Parra Morales, Daniel Vázquez Alvarez, Apolinario Monteo López, Juan Moreno Aguilar, Antonio López Pérez, Gilberto López Díaz, Manuel López Gómez, Lázaro Juárez López, Tranquilino López Díaz, y Carlos González López

Luis May Herrera señaló que las investigaciones continúan porque es evidente que hay otras personas involucradas, pero rechazó dar los nombres “para no entorpecer las pesquisas”.

En su demanda, Ragel Castelazo, señaló que una persona que dijo llamarse “Bernard Michel Smith”, supuestamente de origen alemán, quien estaba acompañado de “el señor Pereira”, quien “como carta de presentación mencionó ser gran amigo de Carlos Manuel Joaquín González”, alcalde de Solidaridad, fueron los que intentaron vender el predio a unos falsos compradores enviados por el propio Castelazo cuando se enteró que había gente ostentándose como propietaria del predio de Costa Turquesa.

Aquí cabe mencionar que un diario de circulación estatal relacionó el nombre de “el señor Pereira” con el de Juan Carlos Pereira, secretario particular del presidente municipal de Solidaridad, pero ese dato, que provocó molestia en el funcionario, no es correcto.

Sin embargo, fuentes de las investigaciones señalaron que “el señor Pereira” sí tiene parentesco con este funcionario municipal.

Abraham Loaeza, juez mixto de Playa del Carmen, por su parte, dijo que tiene como máximo hasta el próximo lunes 18 de abril para determinar la situación jurídica de los detenidos, es decir, si se establece el auto de formal prisión o si se les libera o se establece una fianza por considerar que el delito que cometieron no es grave.

El funcionario judicial dejó entrever que los detenidos podrían salir libres bajo fianza, ya que fueron personas involucradas indirectamente en este delito, ya que se les habría contratado para limpiar un predio sin saber cual es el trasfondo.




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