Martin Sánchez subrayó que si bien la controversia sobre la propiedad existe, no así la de si hay un parque nacional o no, “porque son dos cuestiones distintas el decreto que declara la creación del parque y el decreto que expropia, lo que sostiene nuestra postura de que el municipio no puede emitir un plan de desarrollo urbano dentro de un parque nacional, y eso es válido e indiscutible”.

El abogado especializado en derecho, añadió que en las conclusiones del foro realizado el viernes pasado en Tulum, “estuvo muy claro hasta dónde el municipio puede regular y hasta dónde no, se dejaron en claro las facultades constitucionales del municipio. Aseveró que la propiedad de los terrenos es irrelevante “si son del doctor Portilla, si son de la Conanp, no importa, porque el decreto los sigue protegiendo, noventa y tantos por ciento de las áreas naturales son de propietarios privados, lo que se hace es imponerle restricciones al derecho de propiedad”.

El ambientalista destacó que está a favor de que se emita un PDDU pero dejando fuera el Parque nacional, cuya regulación corresponde al Programa de ordenamiento ecológico local, documento en el que intervienen los tres niveles de gobierno, pero que en el caso de Solidaridad aún está lejos de consolidarse, pues ni siquiera se han integrado las mesas de trabajo para ejecutarlo.

Que vendan otros terrenos a Globalia: Martin Sánchez

Patricio Martín señaló que “más que nos hagan caso a nosotros, lo más importante es que le hagan caso a los expertos que vinieron a hablar del tema, simplemente porque de acuerdo a lo que dijeron es ilegal hacer asentamientos urbanos en un parque nacional y sobretodo cuando está protegido por otros dos instrumentos no nada más el parque nacional sino el Programa de ordenamiento ecológico y el decreto de monumentos y zonas arqueológicas”.

Agregó que la intención de permitir 60 mil cuartos en Tulum generará un desequilibrio ecológico, “y lo que se tendría que preguntar la autoridad es si el interés público, que es lo que debe guiar las decisiones de la autoridad, se refleja en una decisión en la que se le quite un espacio a la Riviera Maya”; puntualizó que no por venderles a un grupo de españoles, a Globalia unos terrenos muy caros se va a beneficiar el destino, sino hay que pensar en el destino y en el futuro”. Destacó que aún hay muchos terrenos disponibles en la Riviera Maya, “por qué no se le ofrecen esos terrenos a Globalia y se respeta una zona que nos va a dar sustentabilidad”.

Lamentó que ni el presidente municipal, Carlos Joaquín González, ni los regidores asistieran al taller, aunque, aseguró que les hará llegar las conclusiones de los expertos, sus números telefónicos, por si desean hacerles algunas consultas, y “si es necesario traerlos de nuevo, lo haremos”. Añadió que mientras el municipio no ejecute el PDDU, jurídicamente no se puede proceder de ninguna manera, porque no es un acto consumado, y sólo podrán continuar con el llamado a la reconsideración del caso.