Añadió que otro punto de acuerdo fue que se protegerán los ríos subterráneos, aunque para ello es necesario contar con un estudio electromagnético, cuya elaboración podría llevarse varios meses, tiempo en el cual el POEL pudiera ser aprobado. Aclaró que las autoridades municipales aún deben avalar este acuerdo.

“Las conclusiones que yo veo, dijo Martin Sánchez, es que coincidimos en que es necesario que se protejan los ríos subterráneos, pero para hacerlo, aún hace falta realizar un estudio electromagnético, para conocer donde están esos ríos”. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como el Colegio de Arquitectos, y la dirección de ordenamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), “coincidimos en dejar fuera el polígono del PDU, no queremos que no se regule, pero creemos que el instrumento para regular este territorio es el POEL, que ya presenta un grado de avance, por lo que mientras se realizan los estudios de los ríos en ese lapso, se podrían tener también el POEL y regular el destino del parque”

El presidente del Cemda aseveró que sin esa información no se puede hacer un plan, “los estudios se tendrán antes de que termine un semestre, con eso se puede tener una radiografía del sistema acuífero”; señaló que durante el foro que duró tres días y concluyó el jueves pasado, las autoridades se comprometieron a proteger los ríos, y a valorar la propuesta que se está haciendo.

Añadió que dichos estudios podrían tener un costo de 100 mil dólares, pero si el municipio estuviera de acuerdo, el propio Cemda podría buscar recursos para financiarlos; “técnicamente son necesarios, aunque ya hay estudios y se están protegiendo ciertas partes, los especialistas consideran que son estudios limitados, y puede haber sistemas aún más importantes que los ya descubiertos en otros lados”.

Deben regularse las 664 hectáreas: Joaquín González

Entrevistado al respecto, el presidente municipal, Carlos Joaquín González, insistió en que no es posible dejar el polígono de 664 hectáreas fuera del PDDU, pues mientras persista el conflicto jurídico y se deje sin regulación el parque nacional, se podría generar un crecimiento descontrolado, y el municipio no podría intervenir por no contar con un instrumento para ello.

“La indefinición del estado jurídico de la tierra podría generar, fuera de su protección, un perjuicio para la zona, toda vez que el parque nacional al final podría definirse como propiedad de particulares y si no está sujeto a densidades bajas se generarían daños al medioambiente”, aseguró el mandatario municipal.

Joaquín González añadió que hasta el momento, lo que se ha establecido, es la identificación de las zonas más vulnerables ecológica y culturalmente hablando para asignarles densidades cero, y en este mismo caso ese encuentran las 664 hectáreas del parque nacional, y “solamente dentro de las zonas que no tienen esas características se podrá tener una densidad baja de entre 10 y 15 cuartos por hectárea; lo importante es definir en donde se ubicarán”, puntualizó. (Noticaribe)