En rueda de prensa realizada este martes en Cancún, el funcionario confirmó que la decisión se tomó una vez que se tuvieron todos los pormenores de la denuncia, el mismo día en que la Profepa confirmó el inicio del desmonte del terreno sin que los desarrolladores contaran con ningún permiso.

“En Xcacel-Xcacelito, en la poligonal del área natural protegida no cabe ningún proyecto que no sea de protección”, advirtió.

Juárez Palacios informó que este 31 de julio se notificó a la empresa "Aldeas de la Costa Maya", la negativa del permiso, al iniciar sin previsión alguna la construcción del polémico hotel en la zona en disputa.

Explicó que todo proyecto requiere cumplir una serie de requisitos y permisos que garanticen la protección del área a ocupar, también la zona aledaña, de manera que la operación del mismo no afecte el entorno natural.

Recalcó que dicha construcción no garantiza la protección de la tortuga marina, ni la protección de la zona considerada frágil, hecho que contribuyó en la decisión de revocar el permiso.

Recalcó que los inversionistas están en todo su derecho de apelar las veces que sean necesarias para que se les otorgue el permiso de construir un centro de hospedaje, siempre y cuando la obra cumpla con los lineamientos a seguir.

Mencionó que la revisión del proyecto se efectuará de manera minuciosa para evitar que la construcción pueda afectar de manera drástica el área, donde no sólo se protege especies marinas, sino también flora y fauna.
Puntualizó que los empresarios tienen que demostrar de manera convincente la forma en la cual resolverá los problemas que pudieran generarse, ya que todo desarrollo genera un impacto y sin control alguno, son irreversibles.

Insistió que el proyecto será truncado las veces que sea necesario a menos que tenga la vocación de protección, porque no se arriesgarán a destruir una zona privilegiada que pudiera explotarse, pero con otra perspectiva muy diferente a la que se presentó.

El funcionario se mostró contrariado por las continuas acusaciones en su contra por parte de grupos ecologistas, acerca de que la dependencia que preside aprueba proyectos turísticos que violentan la ley y de que se presta a presuntos actos de corrupción.

Sin embargo, Ricardo Juárez señaló que vino a Cancún para advertir sobre la existencia de consultoras ambientales en la entidad que –dijo- utilizan su nombre a fin de extorsionar a los inversionistas que los contratan para conseguir permisos ecológicos de carácter federal.

El conferencia de prensa, dio a conocer que se ha detectado a un grupo de consultores que piden fuertes cantidades de dinero a sus clientes, asegurándoles que, a cambio de ello, conseguirán la autorización en materia de impacto ambiental para los proyectos turísticos que pretenden desarrollar en el estado.

Tras desvincularse de ello, llamó a los empresarios a no dejarse embaucar por este tipo de "profesionistas corruptos", cuyas identidades no quiso dar a conocer, pero precisó que son al menos dos empresas que ya tienen ubicadas.

Juárez Palacios señaló que uno de los principales motivos que lo trajo a este centro vacacional, es limpiar su nombre, pues dijo estar cansado de que se le vincule con actos de corrupción, esto, horas después de que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), recrudeciera en rueda de prensa, las críticas en su contra, señalando que hay serias dudas sobre su actuación para dictaminar al menos 15 proyectos en todo el país, cinco de los cuales se ubican en Quintana Roo.

El funcionario aceptó por primera vez que concedió un permiso "erróneamente" para la construcción del polémico muelle de Ultramar en Playa del Carmen, y dijo que este martes esa autorización fue revocada definitivamente. (Noticaribe con información de El Universal y El Quintanarroense)