Ingresado ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) para su evaluación el pasado 12 de enero, el proyecto que planteaba la construcción de villas y condominios por un total de 780 cuartos hoteleros, fue sometido a un proceso de análisis similar al de otros proyectos, con la única observación que el 27 de marzo la dependencia federal, a través de Andrés Chacón Hernández, Director de Área de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, determinó solicitarles a los promoventes información adicional para aclarar algunas dudas ambientales sobre la edificación de Bahía Secreta.

El proyecto estuvo suspendido hasta que el 20 de julio los inversionistas entregaron un pesado documento de 163 cuartillas al que llamaron “Información adicional, modificaciones y rectificación de datos del proyecto Complejo Turístico Bahía Secreta”, en el cual se daban explicaciones, se presentaban nuevos mapas de la zona y se rechazaba reiteradamente que el predio a desarrollar se encontrara dentro del santuario de la tortuga marina.

Una vez recibido el documento, éste fue turnado a María Antonieta Maupome Salázar, una de las evaluadoras de la Semarnat, quien reinició el trabajo donde se había quedado. El proceso de revisión todavía hubiera podido demorarse un par de meses más.

Sin embargo, el miércoles 26 de julio, el Movimiento Ciudadano y Ecologista Yax Cuxtal dio una rueda de prensa para denunciar que el proyecto de la empresa “Aldeas de la Costa Maya” era un nuevo intento para desarrollar un predio perteneciente al santuario de Xcacel-Xcacelito, pero que en esta ocasión estaban tratando de sorprender a la autoridad, ya que habían entregado información falsa sobre la ubicación del predio.

Cuando al día siguiente en la Semarnat se leyó lo que en la rueda de prensa se había dicho, donde los ecologistas aprovecharon para cuestionar agriamente los permisos otorgados en el pasado por Ricardo Juárez Palacios, director general de Impacto y Riesgo Ambiental, todos los involucrados se vieron con cara de circunstancia y decidieron cerrar esté capítulo incómodo.

Tras definir una estrategia a seguir en este caso, en un solo día, el 28 de julio, el proceso de evaluación fue dado por terminado, se elaboró una propuesta de oficio resolutivo que fue turnado a rúbrica del responsable del sector, el cual fue revisado y enviado al director de Áreas, Andrés Chacón Hernández, quien lo firmó y lo turnó a rúbrica del director general, Ricardo Juárez, quien de inmediato lo recibió, lo firmó y lo envió al módulo de ventanilla para su entrega al promovente.

Todo en un mismo día, algo inusual para la burocracia de la Semarnat, acostumbrada a tomarse su tiempo para todo tipo de trámite.

En “fast track”, el proyecto había sido rechazado, y el 31 de julio un representante del grupo de inversionistas se apersonó ante las oficinas de la Semarnat para recibir el oficio resolutivo donde se les informaba que el proyecto no sería autorizado.

Lavado de manos

Ya sin el peso de la responsabilidad que implicaba este polémico proyecto, el martes 1 de agosto, Ricardo Juárez viajó a Cancún para dar una rueda de prensa en donde dio la primicia de la no aprobación del proyecto “Bahía Secreta” y aprovechó para limpiar su imagen ante las acusaciones de corrupción y negligencia en la aprobación de otros planes de desarrollo que en el pasado fueron polémicos, como el muelle de Ultramar, la marina El Cid y hasta el hotel Mayan Palace.

El funcionario también señaló a los ecologistas por lanzar acusaciones a la ligera, sin sustentar sus dichos y rechazó que los “errores” sean una tendencia en la aprobación de proyectos turísticos, aunque reconoció que proyectos como el de Ultramar sí fueron una falla dentro de la Semarnat, pero dijo que por eso se terminó por revocar los permisos.

Sin embargo, no todas las acusaciones han sido infundadas y a la larga la Semarnat ha tenido no sólo que reconocer “errores” en la autorización de proyectos turísticos, sino incluso ha llegado a la revocación de los permisos como sucedió con el muelle de Ultramar.

Un caso similar al de “Bahía Secreta” ocurrió con el hotel Mayan Palace el cual obtuvo permisos para construir casi dos mil habitaciones, pero falseando información sobre su ubicación, lo cual en su momento fue demostrado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y la Semarnat, después de años de litigio, tuvo que recular, y aceptar el fallo de un juez para que el complejo fuera clausurado, lo cual, cosa extraña, no sólo no ha ocurrido, sino que el hotel continúa operando como si nada hubiese ocurrido.

En el 2001, precisamente en Xcacel-Xcacelito, la Semarnat también revocó los permisos a cinco grupos hoteleros encabezados por Sol Meliá para construir un complejo hotelero de 1453 habitaciones en el santuario de la tortuga marina. Los permisos ya habían sido entregado, pero se vinieron abajo luego de una intensa movilización de grupos ecologistas y sociales que reclamaron proteger esas dos bahías convertidas en el principal sitio de anidación en Quintana Roo de los quelonios.

No más resolutivos de escritorio: Aniceto Caamal

Ayer, Aniceto Caamal Cocom, del Movimiento Ciudadano y Ecologista “Yax Cuxtal”, quien fue el que denunció la irregularidades del proyecto “Bahía Secreta”, celebró el que la Semarnat haya decidido no entregarles los permisos a los desarrolladores, pero dijo que esto ocurrió sólo después de que la sociedad dio la voz de alarma.

Aún así, reconoció que tanto las autoridades municipales, estatales y federales “se pusieron las pilas” y actuaron rápido. En el caso del Ayuntamiento, prácticamente al día siguiente, la Dirección de Medio Ambiente realizó una inspección y clausuró un camino que ya habían desmontado, mientras que Profepa y la Seduma también procedieron a inspeccionar la zona y clausuraron el inicio de los trabajos por no contar con ningún permiso.

Señaló que la respuesta de las autoridades “da confianza y gusto”, al tiempo que rechazó las críticas de Ricardo Juárez, director general de Impacto y Riesgo Ambiental acerca de que los ecologistas muchas veces hacen denuncias y acusaciones sin fundamentar sus dichos.

Comentó que al menos en Quintana Roo siempre se han preocupado por fundamentar las denuncias que han presentado y, en este caso, dijeron lo que iba a pasar.

Aseguró que no tienen problema personal alguno contra Ricardo Juárez ni contra algún otro funcionario de la Semarnat, y que lo único que están pidiendo es que se aplique la ley.

Para terminar, sólo confió en que a partir de este caso las autoridades estén más atentas con respecto a los proyectos de inversión que se presentan y que ya no se den “resolutivos de escritorio”. (Noticaribe)