Es un asunto que está revisando con sumo cuidado desde el punto de vista legal, pero también desde la posible afectación turística, explicó el edil en una entrevista en la que se refirió a la sentencia que existe por parte de un juez federal en la que se pide la apertura de una vía pública que desde hace años es muy conocida porque fue allí donde se construyeron los “muros de la vergüenza”.

Reseñó que se ha buscado en todo momento la vía del diálogo para tratar de resolver el problema y confió en que al final todos quedarán satisfechos con la solución, pero sin adelantar en qué consistiría.

Lo que sí aclaró es que no se permitiría que en este caso prevalezca la impunidad, en alusión a los varios años que la cadena hotelera Oasis ha mantenido retenida la calle contra la oposición de vecinos del fraccionamiento Akumal Caribe.

Sin embargo, precisó que se están revisando todos los papeles y escrituras que existen en torno a este conflicto, y se está pidiendo al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Gobierno del Estado (IPAE) se pronuncie sobre este caso, ya que es el organismo que sustituyó al Fidecaribe que fue la instancia que se encargó de vender a la cadena Oasis un terreno que colinda con la calle del conflicto en 1997.

Dijo que esperaba que este organismo confirmara los límites del predio de la cadena hotelera y sí éste efectivamente tenía como una de sus colindancias la vía pública.

No obstante, Agustín Cruz y Celis, uno de los condóminos afectados y quien es el que ha llevado la demanda legal contra el Oasis, señaló que la calle invadida por los españoles no necesita confirmación porque existe en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación desde 1975 y actualmente incluso cuenta con su propia clave catastral, es decir, está reconocida plenamente por el propio estado y es un hecho que la vía permanece ocupada ilegalmente.

Carlos Joaquín, empero, insistió en que se tenía que revisar todo con sumo cuidado y no actuar de manera precipitada, pero reiteró su voluntad de actuar apegado a las leyes.

Aseguró que el gobierno del estado no interviene en este caso, aunque “debería intervenir” en referencia a que fue una instancia estatal, el Fidecaribe, el que en un principio vendió los terrenos a Oasis aledaños a la zona de conflicto.

Además, rechazó que exista algún tipo de presión política que esté empujando una decisión en torno a esta calle en cualquier sentido. (Noticaribe)

24 de Noviembre 2006 11:50 PM | Enlace permanente | |
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