Hoy, el alcalde Carlos Joaquín González dijo que “estamos trabajando en ello” y que cuando en el 2002 los magistrados dieron la orden de abrir la vía pública “se cumplió con lo que se pedía en ese momento”.

Agustín Cruz y Celis, uno de los condóminos afectados y quien a nombre de otros propietarios le ha dado seguimiento jurídico al caso, advirtió que si el Ayuntamiento no cumple con las sentencias, se tienen elementos para promover un juicio de inejecución de sentencia que, en el caso más extremo, podría desembocar con una orden de un juez para destituir al alcalde de Solidaridad.

Dijo que este caso es más severo que el que enfrentó el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, a quien se le promovió un juicio de destitución por haber desobedecido solamente una suspensión de un amparo.

En este caso se trata de la no ejecución de cuatro amparos que obligaban al Ayuntamiento, desde el 2002, a abrir la calle y reparar otros daños y acciones en contra de los condóminos, sentencias que no se ha cumplido en ninguna de sus partes, anotó

El alcalde Carlos Joaquín González rechazó esta argumentación y afirmó que “jurídicamente la sentencia ya esta ejecutada, el tema era la entrega de un oficio, el Ayuntamiento es tercero en este tema y el oficio en ese momento se ejecutó”.

Sin embargo, aceptó que están revisando el caso desde el punto de vista jurídico y afirmó que tienen datos suficientes para “iniciar algunos procedimientos” en coordinación con los representantes de los condóminos que presentaron una denuncia para hacer cumplir las sentencias de amparo.

El alcalde reconoció la responsabilidad del Ayuntamiento en este caso, pero aclaró que “estamos platicando con los propios interesados, por supuesto, con la gente del hotel y trabajando la parte jurídica también que es fundamental”.

Joaquín González también rechazó que el Ayuntamiento se haya coludido en algo irregular con los hoteleros, e insistió en que pese a las diferencias jurídicas que existen, “estamos trabajando para obtener lo que públicamente debe tener el Ayuntamiento”.

No obstante, admitió que el Ayuntamiento aún no tiene una fecha para abrir dicha calle y reconoció que, por supuesto, “estamos buscando esa alternativa (…) hacerlo de la mejor manera porque evidentemente esos terrenos también fueron vendidos por parte de Fidecaribe del Gobierno del Estado en ese momento y cuentan también con la parte jurídica que ampara la diferencia lo que dice por otra parte, porque esto debe de ser con mucho cuidado de acuerdo a lo que diga la ley como debe de hacerse”.

Sobre la posibilidad de que se presente un juicio de inejecución de sentencia en contra del Ayuntamiento de Solidaridad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que los demandantes están en su derecho, pero insistió en que no tienen la razón.

Una vieja y enredada historia

El caso que hoy preocupa y ocupa al alcalde de Solidaridad data de 1996, cuando el hotel Club Oasis Akumal, que colindaba al norte con el fraccionamiento Akumal Caribe, compró a Fidecaribe un manglar de poco más de 12 hectáreas ubicado en la parte de atrás de los condominios por el precio irrisorio de por 375 mil dólares, es decir, a sólo tres dólares por metro cuadrado, según se pudo conocer recientemente en base a una solicitud de información al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Gobierno del Estado (IPAE).

Sobre ese manglar, construyeron un hotel y paulatinamente invadieron la vía pública sobre la cual se edificó un “muro” al que la prensa bautizó como el “muro de la vergüenza” por toda la historia de corrupción e impunidad que había detrás y que dio tema para muchas planas de los periódicos locales, y aún nacionales e internacionales.

Los “muros de la vergüenza” eran bardas de hasta dos y medio metros de alto atravesadas sobre la calle frente a los dos extremos del Condominio Aventuras Akumal, sobre la vía pública de acceso al fraccionamiento Akumal Caribe.

Cuando Oasis compró el ya mencionado manglar, la preocupación de los condóminos era que ese predio no contaba con frente de playa y estaba separado de sus condominios que si tienen el frente de playa y están separados del predio del manglar solo por la calle pública que atraviesa por el fraccionamiento y que hasta hace unos años llegaba hasta la caleta de Yalkú.

Los hoteleros construyeron entonces el primer “muro de la vergüenza” sobre la vía pública frente al extremo norte del condominio en agosto de 1996 y se registraron los primeros conflictos, por lo que algunos propietarios, muchos de ellos de origen extranjero, que no querían problemas, prefirieron vender incluso a la propia cadena hotelera e irse del destino.

A finales de 1998 sus temores se volvieron realidad cuando los hoteleros procedieron a despalmar y talar las 12 Hectáreas de manglar. Los condóminos solicitaron la intervención de Profepa e iniciaron un amparo contra supuestas autorizaciones falseadas de Semarnat, pero no tuvieron fondos para concluir el litigio. Aprovechando un “puente” del 16 de septiembre de ese año, los hoteleros con varios trascabos acabaron con el manglar y comenzaron a rellenarlo con sascab.

Los condóminos se dieron cuenta que los hoteleros iban a construirles cientos de cuartos atrás de sus viviendas sobre el manglar rellenado y que como ese predio no tenía acceso a la playa, porque la calle y los estacionamientos del Condominio los separaba del frente de playa donde están construidos sus departamentos, los hoteleros iban a desaparecer la calle para tratar de integrar su predio del manglar con el predio del condominio que tiene una de las playas más bonitas de la Riviera Maya.

Asombrados, vieron como además del “muro de la vergüenza” construido a la mitad de la calle en el extremo sur del condominio, los hoteleros construyeron un segundo muro de madera ahora en el extremo norte, dejándolos sin acceso a sus estacionamientos e inclusive la camioneta de uno de ellos quedó encerrada entre los dos muros, sin poder salir del predio durante meses y se echó a perder.

Debido a la presión de la prensa y otras diligencias legales, los condóminos consiguieron que el Ayuntamiento de Solidaridad, en ese entonces presidido por el alcalde interino Javier Cal López, derribara el muro y abriera parcialmente la calle en diciembre de 1999, pero el gusto sólo duró unas horas porque los hoteleros llegaron a las dos de la madrugada con una cimbra prefabricada de acero y le vaciaron un par de ollas de concreto, con lo que se reconstruyó el “muro de la vergüenza”.

Los vecinos que despertaron con el ruido de maquinaria pesada se opusieron a gritos, despertando a los turistas del hotel, pero los directivos del hotel respondieron con una golpiza a varios de los inconformes, situación que quedó asentada en varias averiguaciones previas que se ventilaron en esas fechas.

Algunos de los propietarios extranjeros salieron de México despavoridos, y ahí estaba listo Oasis para comprarles sus departamentos a precios de remate. Los que se quedaron comenzaron a solicitar la intervención de sus embajadas y consulados y el caso, incluso, se ventiló en varios de los principales periódicos de Estados Unidos.

Nuevamente por la presión de los condóminos, el Ayuntamiento clausuró las obras realizadas por los hoteleros en la vía pública y en los estacionamientos del condominio y mandó demoler unos andadores peatonales, varias palmeras adultas y hasta un transformador, que habían sido colocados ahí por los hoteleros para desaparecer la vialidad, con lo que el Ayuntamiento le reintegró a los condóminos el uso de sus estacionamientos, aunque ya se los habían destruido y estaban cubiertos de tierra de jardinería y pasto.

Los hoteleros también habían destruido la carpeta de concreto de la calle para cavar una zanja donde pretendían enterrar las líneas de alta tensión de la CFE que corrían sobre la postería al lado de la calle. Les urgía desaparecer la postería porque según un oficio de Fidecaribe, ese era el límite visible del predio que les había vendido. Los condóminos solicitaron la intervención de la oficina regional de la CFE en Mérida, quien inmediatamente mandó para la obra eléctrica y sancionó a los involucrados.

Los hoteleros reaccionaron amparándose contra el Ayuntamiento y según los Condóminos se pusieron acuerdo con el Jurídico entonces a cargo de Jaime Jácome para dejarse ganar por ellos. Sin defensa del Ayuntamiento, los Jueces de Distrito de Cancún comenzaron a otorgarles Suspensiones Provisionales a los hoteleros y mandaron levantar los sellos de clausura para que pudieran seguir construyendo.

También se las ingeniaron para iniciar tres Averiguaciones Previas totalmente fabricadas en contra de los líderes de los condóminos, con acusaciones inverosímiles que incluían daños en propiedad ajena por las demoliciones realizadas por el Ayuntamiento y hasta tentativas de homicidio.

El abogado Francisco José Traconis Varguez se las ingenió para que éstas fueran consignadas por el MP Rafael del Ángel sin siquiera haberlas notificado a los condóminos y la Juez Mixto de Playa de Carmen negó las ordenes de aprehensión, pero el Agente del MP adscrito, apeló esa resolución y las órdenes de aprehensión fueron libradas directamente por María Teresa Castro Ríos en el entonces Tribunal Unitario de Cancún. Dos extranjeros acusados salieron huyendo a los EUA y un propietario nacional se regresó al Distrito Federal.

Aún así, ante la falta de defensa del Ayuntamiento, los Condóminos se vieron forzados a participar en los amparos de los hoteleros como terceros perjudicados para evitar que los Jueces de amparo dictaran sentencias definitivas protegiendo a los hoteleros.

Mientras, con suspensiones temporales otorgadas por los Jueces de Distrito en Cancún y ya sin estorbos, los hoteleros procedieron a remodelar los 22 departamentos que habían comprado muy baratos a los dueños y nuevamente sin permisos ni Licencia de construcción los convirtieron en cuartos hoteleros.

Nuevamente el Ayuntamiento intervino clausurando los 22 departamentos y de nuevo se ampararon los hoteleros sin defensa alguna del Ayuntamiento.

Finalmente y a instancias del condómino Richard F. Sollner, el consulado general de los Estados Unidos en México ordenó al Cónsul Regional en Mérida Sr. Glen Keiser intervenir en favor de los Condóminos. El Sr. Keiser intervino fuertemente sobre todo para lograr que se desecharan las órdenes de aprehensión ilegalmente libradas contra sus conciudadanos. El cónsul Keiser, con su experiencia como ex-procurador de California rápidamente detectó la complicidad del procurador Carlos Pereira, quien plagado de otras irregularidades presentó su renuncia.

Continúa la lucha

Ya libres del acoso del Ministerio Público, los condóminos continuaron defendiendo desesperadamente los amparos en contra del Ayuntamiento ante el total silencio de este. Apenas unas semanas antes del término de la administración municipal de Miguel Ramón Martín Azueta, los condóminos lograron sentencias favorables para el Ayuntamiento emitidas por el Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia en Cancún. Finalmente el Muro de la Vergüenza se podía demoler, y bajo la presión del Cónsul Americano y los medios de comunicación nacionales y extranjeros, el Ayuntamiento envió maquinaria pesada a cargo del director de Desarrollo Urbano, Manuel Barrero.

Sin embargo, la demolición sólo duró dos días porque el Oasis puso una cuadrilla de trabajadores para oponerse, al mando de Miguel Ángel García Rascón, perito que les había gestionado todas esas irregularidades, hoy famoso pederasta, encarcelado dos veces y liberado a instancias de los directivos del grupo hotelero Oasis.

Hartos de la rebeldía de los hoteleros, se formó un grupo de playenses que incluyó a la Organización No Gubernamental MOCE de Aniceto Camal Cocom y con el Regidor Marciano Toledo al frente, personalmente apartaron a García Rascón y su grupo y frente a los medios de comunicación engancharon la grúa que después de años removió finalmente el “muro de la vergüenza”.

Sin embargo, Manuel Barrero, pretextando que era muy tarde, se abstuvo de ordenar que la maquinaria siguiera quitando las plantas, jardineras y demás obstáculos para liberar la calle en su extremo norte, frente al Lobby del Hotel Oasis, donde la calle continúa hacia las otras ocho etapas con que cuenta el Fraccionamiento Akumal Caribe. Al poco tiempo los condóminos lograron las sentencias de los otros tres amparos pendientes del Tribunal Colegiado, también a favor del Ayuntamiento.

Los hoteleros no contaban con ese revés porque ya tenían arreglado con el Jurídico del Ayuntamiento que se dejaría ganar. Desesperados intentaron unos recursos disparatados, amenazando con ejercer acción penal contra el alcalde Gabriel Mendicuti Loría.

El nuevo alcalde enfrentó en esos momentos la presión del Cónsul americano y de los hoteleros, por lo que finalmente el 14 de mayo de 2002 convocó a una reunión en el Palacio Municipal, con la presencia del Sr. Glen Keiser, Cónsul Regional de los Estados Unidos y Javier Marañón Cañadas, director general de Oasis.
En esa reunión se acordó que Oasis no interpondría más recursos judiciales para mantener el “muro de la vergüenza” que permitirían el libre tránsito por esa vialidad.

Los condóminos escucharon el acuerdo con asombro. Sus abogados les aseguraron que de por sí ya no hay más recursos legales que Oasis pueda interponer. Hasta el jurídico del municipio sabe que las sentencias de los Tribunales Colegiados de la Suprema Corte de justicia de la Nación son la última instancia, que son inapelables, que sus sentencias obligan a todos y hay que ejecutarlas inmediatamente. Con mucha desconfianza, presionan al nuevo jurídico del Ayuntamiento para que ejecute la Sentencia del Amparo 249/1999.

La sentencia obliga al Ayuntamiento a reponer un oficio defectuoso con el que habían clausurado el “muro de la vergüenza” y otras obras sobre la calle, por otro cuyo texto impreso tuviera la fundamentación y motivación legal requeridas por la Ley de Amparo.

El Juez Segundo de Distrito le da 24 horas al Ayuntamiento para girarle ese oficio a la empresa Promotora Puerto Ángel de Oasis. Los condóminos consultan el oficio en el expediente del Amparo y para su sorpresa, el Ayuntamiento finalmente ha producido un documento bien fundado y motivado que le otorga a Oasis solo 24 horas para liberar completamente la vía pública del fraccionamiento, eliminar todos los elementos y obstáculos con que la bloquearon y reintegrar totalmente esa calle a la circulación peatonal y vehicular.

El oficio del Ayuntamiento calza la firma autógrafa del William Conrado Alarcón, como flamante director General de Administración Urbana. El Juez Segundo de Distrito se asegura que el oficio haya sido notificado correctamente a Oasis y les otorga un período de 5 días para manifestar sus inconformidades. Al pasar los cinco días y no manifestar nada la empresa hotelera de Oasis, el Juez Federal analiza cuidadosamente el contenido de dicho oficio y plasma su razonamiento en su Auto del 4 de Junio de 2002, donde concluye que con el Oficio DGAU/194/02 firmado por William Conrado Alarcón, “el fallo ha quedado cumplido” y el 20 de junio de ese año, el Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado Federal decreta que “se tenga por consentido el cumplimiento de la ejecutoria de referencia”, con lo que al día siguiente lo manda archivar “como asunto totalmente concluido”.

Así, liquidando a sus abogados y dando por archivado el asunto, se retiraron también los condóminos a sus países de origen y el cónsul regional de Estados Unidos fue promovido y transferido al Departamento de Estado en Washington, quedando todos convencidos que Oasis liberaría la Vialidad en 24 horas.

Al pasar el término sin ningún resultado, preguntaron al Jurídico del Ayuntamiento quien manifestó que le habían otorgado una prórroga verbal al grupo hotelero para cumplir con la orden de liberación de la vía pública del oficio, y tras esa prórroga vino otra y otra y otra hasta que en la administración municipal prefirieron olvidarse del asunto y hacer como si la calle en realidad estuviera abierta, aunque aún seguía ocupada parcialmente por los hoteleros.

Hoy el caso está reviviendo y le toca al alcalde Carlos Joaquín González, quien nunca estuvo involucrado en todo este conflicto y ni lo conocía hasta mucho después de asumir el cargo, enfrentarlo y darle solución porque así lo obliga una sentencia de amparo de un juez federal. (Noticaribe)

17 de Noviembre 2006 11:56 PM | Enlace permanente | |
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