Piden eliminar nuevo impuesto a la extración de material pétreo
El nuevo impuesto provocaría un incremento directo de entre dos y tres por ciento en el costo de obras de edificación y hasta de diez por ciento en obras de infraestructura vial, que se sumaría a otros incrementos, advierten CMIC y Canacintra. El nuevo impuesto que decretó el gobierno del estado a fines del año pasado por la extracción de materiales pétreos, mediante el cual se prevé lograr durante el 2007 una recaudación de al menos 48 millones de para obra social, es la “gota que derrama el vaso”, ya que representaría un incremento en el costo de obras de edificación de entre dos y tres por ciento, pero que subiría hasta diez por ciento si se le suman los aumentos que se han registrado al resto de materiales para la construcción como el cemento, el acero y los productos eléctricos.
Afectación directa a la industria de la Construcción y Transformación: El nuevo impuesto tendrá un efecto negativo para esta industria que es generadora de empleo y crecimiento en el estado, al involucrar a 43 sectores económicos que generan un enorme efecto multiplicador en la economía. Afectación a la inversión turística: El incremento en los costos de la construcción afectará también las inversiones de la industria turística justo cuando ésta inicia su recuperación tras el embate de los huracanes “Emily” y “Wilma”. Genera fuga de capitales: El incremento en el costo de materiales de construcción producidos localmente pone en desventaja a los empresarios locales para competir con los productores de los estados vecinos. Esto, lógicamente incentiva la compra de los mismos fuera del estado (sobre todo para las regiones limítrofes) que carecen de este impuesto.
Daño social
Daño a la economía del comprador final: El incremento en los materiales de construcción afectará principalmente la autoconstrucción, que sigue siendo el pilar de la construcción de vivienda para las clases populares. Este nuevo impuesto afectará más a los que menos tienen. Además, al reducir la actividad constructora y poner a las empresas formales de materiales de construcción en desventaja ante bancos que operan sin permisos, este nuevo impuesto podría repercutir negativamente en los niveles de empleo, en detrimento de los trabajadores quintanarroenses.
Daño fiscal
Una reducción en el empleo y la pérdida de ventas por el incremento de precios y el freno a la construcción traerán consigo una menor captación de impuestos federales, como el IVA, pero también estatales, como el impuesto sobre la nómina.
Daño ambiental
Al incrementar los precios de los materiales de construcción producidos en el sector formal, el nuevo gravamen incentiva el surgimiento de explotaciones irregulares sin supervisión ambiental en zonas muy sensibles en el estado, poniendo en riesgo el paisaje natural, que es uno de nuestros principales activos.
Además, advirtió que este nuevo impuesto repercutiría en el propio gobierno porque los costos de obras de infraestructura vial, que en su inmensa mayoría se hacen con dinero del estado, los costos podrían incrementarse hasta un diez por ciento, ya que la propuesta del gobierno significa pagar alrededor de siete esos por metro cúbico.
Ante este panorama, el líder de los constructores explicó el porqué se ha hecho un frente común con la Canacintra para pedir mediante un desplegado que se dio a conocer este día se considere la eliminación del impuesto sobre la extracción de materiales del suelo y subsuelo, ya que argumentó que se está afectando el desarrollo de la industria de la construcción, de la industria de la transformación y el propio bolsillo del consumidor final.
Además, señaló que se desconoce en que medida los productores de material pétreo trasladen el impuesto a los constructores porque de entrada hay una falta de regulación y la propia ley propone de entrada que sean éstos los que declaren de manera libre a cuánto asciende el monto del material extraído del subsuelo.
Por ejemplo, dijo que aunque hay tecnología que permitiría conocer cuánto se extrae de los bancos de material, ya sea uno pequeño o hasta de la propia Calica, pero se desconoce si el estado tiene esta posibilidad, además de que seria harto complicado y costoso.
Recordó que hace años se trató de implementar una medida similar, pero el decreto tenía defectos legales que permitieron que empresas como Calica se ampapararan y nunca pagaran un peso al estado por este concepto, por lo que pronto esta iniciativa se olvidó.
Hoy que la iniciativa se está retomando, dijo entender la necesidad del gobierno de buscar nuevas fuentes de captación de recursos, sobre todo en este rubro, pero señaló que se deben tomar en cuenta otros puntos de vista de los que serán los principales afectados.
Por ello, Olán Carrera propuso discutir, negociar, consensuar y, en su caso, reformular el nuevo impuesto para encontrar fórmulas que no representen una carga para la industria de la construcción, y que le permitan al estado obtener algunos recursos adicionales.
Comentó que un nuevo esquema tendría que ponerse sobre la mesa y, aunque reconoció que hay un sector de los industriales que se niegan de entrada a pagar cualquier nuevo impuesto y se habla incluso de amparos, hay otro sector que está dispuesto a negociar y a encontrar la forma de aportar algo siempre y cuando se logren nuevos esquemas de regulación y se tome en cuenta que no es lo mismo una empresa pequeña que podría estar explotando un pequeño banco de material que una industria gigante como es Calica que anualmente exporta millones de toneladas de material pétreo.
Dijo que en el caso de la CMIC se podría dejar pasar el tema y trasladar el impuesto al consumidor final, pero consideró que esto tampoco sería muy justo por lo que se están solidarizando con los industriales para tratar de reformular el nuevo impuesto que para ellos fue aprobado de forma unilateral y encontrar una solución más equitativa para todos. (Noticaribe)
En un desplegado publicado este lunes en algunos medios locales dirigido al Gobernador del Estado, Félix González Canto, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y las delegaciones de la Cámara Nacional de Transformación (CANACINTRA) de Chetumal, Cancún, Cozumel y Solidaridad solicitan "respetuosamente pero decididamente" la eliminación del impuesto sobre la extracción de materiales del suelo y subsuelo.
Señalan que afecta directamente el desarrollo de la industria de la construcción y de transformación y el bolsillo del consumidor final al incrementar de 20 a 30 por ciento el costo de los materiales.
En este sentido el presidente de la Comisión legislativa que dictaminó la aprobación del impuesto, indicó que definitivamente no se puede suspender el gravamen porque ya es por Ley.
Dijo que los industriales han declarado en varias ocasiones que les afecta pero no lo han demostrado con cálculos y números.
"Nosotros tenemos acceso a algunos cálculos que se trabajaron con la Secretaria de Hacienda en donde es mínimo el impacto que hay, dependiendo del ramo es mínimo el impacto hablamos del dos por ciento en unos casos."
Flota Medrano, indicó que en algún momento la Secretaria de Hacienda pudiera revisar la tasa del gravamen para solicitar una modificación al decreto, pero definitivamente no se puede hablar de una suspensión del cobro.
Los industriales de la construcción advierten que el incremento de los precios de materiales producidos en el sector formal incentivará el surgimiento de explotaciones irregulares sin supervisión ambiental en zonas muy sensibles del Estado, poniendo en riesgo el paisaje natural que es uno de los principales activos. (Fuente: Enfoque Radio)
