Mientras en Playa del Carmen siguen sin ponerse de acuerdo sobre la viabilidad de construir o no un muelle para cruceros turísticos, en Punta Brava, al sur de Puerto Morelos, una zona ubicada justo en los límites de los municipios de Solidaridad y Benito Juárez, existe planes para construir una terminal portuaria de uso particular para cruceros turísticos con al menos cinco posiciones de atraque en la que se invertirán al menos 2 mil 300 millones de pesos.
Los tramites para esta obra, a cargo del empresario José Alberto García Coral, ya están adelantados al grado que este martes, mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la autorización de la concesión de 499 mil 343.49 metros cuadrados de zona marítima para este proyecto.
De acuerdo con el decreto dado a conocer, de la superficie autorizada, 417 mil 332.49 metros cuadrados corresponden a zona marítima exclusiva y 82 mil 011.00 metros cuadrados para la construcción y operación del muelle.
La concesión entregada tendrá una vigencia de 20 años contados a partir de este momento y podrá prorrogarse en términos de lo establecido por el artículo 23 de la Ley de Puertos.
Para obtener la concesión, José Alberto García Coral acreditó la propiedad del terreno colindante con la zona federal marítimo terrestre frente a la zona federal marítima que le fue entregada en concesión en el kilómetro 317 de la carretera Chetumal-Puerto Juárez, Puerto Morelos, Municipio de Benito Juárez.
El empresario inició los trámites para la obtención de la concesión el 26 de julio de 2006 mediante una solicitud hecha a la SCT, comprometiendo en ese momento una inversión aproximada de 2 mil 349 millones de pesos, lo cual fue respaldado con documentos que acreditaron su solvencia económica para realizar dicho proyecto.
La SCT, de acuerdo con el documento, autorizó la concesión solicitada con una larga serie de condicionantes, entre ellas la obligación de someter ante la Secretaría el proyecto ejecutivo para su revisión y eventual modificación dentro de un plazo de 30 días naturales a la fecha del otorgamiento de la concesión.
Una vez obtenida la aprobación del proyecto ejecutivo, el concesionario deberá solicitar a La Secretaría la autorización para la construcción de las obras materia de la concesión, mismas que se efectuarán conforme al programa y calendario de construcción que autorice la Secretaría.
La Secretaría tendrá en todo tiempo la facultad de verificar por si o por terceros, el avance de la construcción, así como la calidad de los materiales empleados en la correcta ejecución de las obras y podrá ordenar que se corrijan los defectos encontrados.
El documento refiere que la construcción o establecimiento de obras e instalaciones, así como la ejecución de obras distintas a las indicadas, sólo podrán hacerse si el concesionario obtiene previamente los permisos, licencias o autorizaciones que se requieran de la SCT y demás autoridades que correspondan, conforme a la legislación vigente, siempre que no implique modificación a la presente concesión.
Entre otras condicionantes, se hacen observaciones relativas al funcionamiento de las obras, la señalización marítima que se debe colocar, los trabajos de conservación y mantenimiento que deben ejecutar, así como las medidas de seguridad, así como la contratación se seguros, entre otros aspectos técnicos.
Cabe mencionar que el concesionario tiene un plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha de la autorización del título de concesión para acreditar el otorgamiento de una fianza por 234 millones 900 mil pesos, expedida por una institución afianzadora autorizada, conforme a las leyes mexicanas, a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de La SCT, mediante la cual se garantice expresamente el cumplimiento de las obligaciones que se especifican en las presentes condiciones y, en su oportunidad, la reversión de los bienes concesionados.
Como contraprestación, el concesionario pagará al Gobierno Federal por el uso y aprovechamiento de las áreas, obras e instalaciones concesionadas un monto anual equivalente al 7.5 por ciento del valor del área concesionada y de las instalaciones propiedad nacional, además de lo que deberá pagar a otras dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales respecto a la ocupación de la zona federal marítimo terrestre.
El documento –que originalmente fue emitido el 30 de noviembre del 2006— fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con la firma del secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, y el concesionario José Alberto García Coral. (Noticaribe)