El campo de golf del Grand Coral Riviera Maya representará una inversión inicial de sólo 30 millones de pesos para acondicionar el terreno, pero a la larga será el detonante de una de las mayores inversiones en la zona de Playa del Carmen.

Y es que de acuerdo con diversas fuentes, el grupo español Grand Coral, una sociedad entre Bancaja y el Banco de Valencia que forman parte de uno de los primeros cinco grupos financieros españoles, planea destinar más de 2 mil 500 millones de dólares a lo largo de varios años para desarrollar este exclusivo complejo residencial que contribuirá a elevar la plusvalía del destino en su conjunto.

Como se informó en su momento, la Manifestación de Impacto Ambiental del campo de golf se presentó desde el pasado 17 de julio del 2007, y era el complemento del Plan Maestro del proyecto Grand Coral, autorizado por la Semarnat desde el 15 de diciembre del 2006.

Según el Plan Maestro, en este desarrollo turístico se planean construir 6 mil 750 viviendas turístico residenciales distribuidas en 16 lotes, además de dos hoteles boutique, un club de playa, un centro comercial y una alberca de 180 metros de largo.

Sin embargo, apenas el pasado 24 de septiembre, en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental se determinó que había dudas que tendrían que ser aclaradas por el inversionista antes de proseguir con el proceso de evaluación, por lo cual se emitiría en los próximos días un oficio al desarrollador para la entrega de la documentación solicitada.

Aunque el procedimiento de solicitud de ampliación de información es normal dentro del proceso de evaluación, y no necesariamente significa que el proyecto no será aprobado, pero sí representa un retrasado que puede ir de uno a varios meses, tiempo en que el inversionistas no puede iniciar los trabajos de construcción hasta que la Semarnat no determine lo que procede.

En la Semarnat aún no se han dado a conocer los detalles de la información solicitada, pero esta puede referirse normalmente a temas relacionados con una posible afectación ambiental o inconsistencias en la vinculación del proyecto con los ordenamientos aplicables, sin descontar la necesidad de que se haga algún estudio adicional específico para que las autoridades tengan elementos para normar su criterio.

El proceso de evaluación se reactiva hasta que el inversionista cumple con la entrega de la información solicitada. (Noticaribe)