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CANCÚN, MX.- Integrantes de la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados advirtieron que ven ”focos rojísimos” en la propuesta de convertir en ayuntamiento la alcaldía de Tulum.
Durante la gira de trabajo que realizaron este viernes en Cancún, el presidente de la subcomisión, Alejandro Landero, y los también diputados Alfonso Suárez Real, María Nieves Noriega, Concepción Varela y Yolanda Garmendia informaron que ya se pidió la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que procedan contra las autoridades que emitieron ilegalmente, permisos en la poligonal.
Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional (PAN), dio a conocer que, incluso, para emitir un mensaje contundente, consideran solicitar oficialmente la demolición de hoteles que se han edificado sin ningún tipo de autorización, principalmente en la franja costera del Parque Nacional Tulum.
Sucede que en la poligonal se han construido desde palapas pequeñas hasta grandes resorts, con y sin permiso.
De entrada, el panista señaló que ahí no debieron expedirse autorizaciones de impacto ambiental, pero los que las obtuvieron, violentaron lo establecido por esos permisos, en cuanto a los límites en el número de cuartos y del uso del suelo. El panista aceptó que en el tema, hay un alto grado de corrupción.
En los casos en que fueron descubiertas estas violaciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), procedieron a clausurar; sin embargo, los dueños de estos hoteles, también violaron los sellos de clausura y continuaron, ya sea con las obras de construcción o con la operación del centro de hospedaje, explicó.
Landero Gutiérrez citó que ese fue el caso de la familia Portilla.
Los Portilla, junto con el actor Roberto Palazuelos, mantienen un litigio jurídico como integrantes y fundadores de un grupo de presuntos propietarios, denominado “Guardianes de Tulum”, quienes buscan que se declare sin efecto el decreto expropiatorio que dio vida al Parque Nacional Tulúm.
Los legisladores señalaron que, desde 1981, fecha en que se publicó el primer decreto presidencial que expropió a favor de la federación, el polígono de 664 hectáreas, declarado como Parque Nacional, ha sido el gobierno de Quintana Roo el que ha expedido un promedio de 230 títulos de propiedad a particulares, lo que implica que la autoridad estatal se ha dedicado a vender tierras federales. (Fuente: El Universal)
Los diputados Alejandro Landero Gutiérrez, María de las Nieves Noriega Vigil, Alfonso Suárez del Real, Concepción Ojeda Hernández y Yolanda Garmendia Hernández indicaron que llevan un año trabajando para que los dos decretos presidenciales que declaran a Tulum como Parque Natural Protegido sean respetados y deje de ser prioridad el respeto a políticos, empresarios o autoridades, todos influyentes, que pretenden dilapidar la riqueza natural que tiene esa zona.
La diputada Nieves Noriega sostuvo que la propuesta de crear un nuevo municipio en Tulum prende ”focos rojísimos”, pues si la intención fuera exclusiva de dar servicios a la gente que se ubica en la zona no habría mayor problema, pero estarán vigilantes de que no pretendan beneficiar a particulares con los nuevos usos de suelo, densidades, etc. que dictarán al contar con su Plan de Ordenamiento.
El diputado Suárez del Real sostuvo que sería lamentable que Quintana Roo, que fue una de las últimas entidades federativas en crearse, no tuviera planes para 100 años, sino a corto plazo y repitiera las historias de Cancún y Playa del Carmen.
El presidente de la subcomisión del caso Tulum, Landero Gutiérrez, sostuvo que a lo largo de distintas administraciones, el gobierno estatal ha vendido la zona costera de la zona protegida, a pesar de que esta es de propiedad federal.
Indicó que ahora son unos 200 propietarios quienes ocupan el predio, en donde construyeron palapas, casas y hasta hoteles, con permisos ilegales porque es una zona no permitida para la edificación.
Por ello, dijo que la Secretaría de la Función Pública tiene en marcha varias investigaciones en contra de funcionarios de los tres niveles de gobierno, mismas que se darían a conocer en unos 4 meses.
Los diputados, quienes confiaron en que al final del camino lograrán que se respete el decreto presidencial que está muy por arriba de acuerdos municipales o estatales, indicaron que ante las sanciones que se aplicarán en cuanto termine la investigación deberán incluir la demolición de al menos un hotel, pues no es posible continuar con la cultura de pagar una multa irrisoria, por evadir la ley, y continuar construyendo violando todas las leyes ambientales.
Incluso, destacaron la necesidad de proteger la zona, pues el 25% de los ríos subterráneos que abastecen de agua al país pasan por el Sureste, específicamente por Quintana Roo. (Fuente: Diario de Yucatán)
22 de Febrero 2008 11:55 PM |
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