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CANCUN, MX.- Con la suspensión de la aplicación del Programa Director de Desarrollo Urbano de Tulum (PDDU), el Parque Nacional que se ubica en el ahora noveno municipio de Quintana Roo no queda desprotegido ni vulnerable ante quienes desean construir ahí, pues sobre el polígono de 664 hectáreas pesan el decreto presidencial de 1981 que impide edificar en la zona, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún-Tulum, que regula el área y los permisos de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, como trámites previstos por la ley ambiental.
Como resultado de la controversia constitucional ingresada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), desestima parte del Programa Director de Desarrollo Urbano de Tulum, que fuera aprobado durante la administración pasada por el cabildo de Solidaridad, Solidaridad ha recibido una notificación de la SCJN.
Hoy miércoles, en entrevista, el presidente municipal Román Quian Alcocer informó que la Suprema Corte ha solicitado a Solidaridad una copia certificada del acta en la que se aprobó el programa director. Dicha solicitud, precisó el alcalde, se encuentra en poder de la dirección jurídica del ayuntamiento y se está trabajando en darle respuesta.
“La Suprema Corte de Justicia nos manda un documento que nosotros vamos a responder en estricto sentido jurídico, tenemos 30 días para responderle, le vamos a responder lo que nos solicitan. Que se les mande la copia certificada de la sesión de cabildo”.
Quian Alcocer dijo haber entablado comunicación con el ex alcalde de Solidaridad, Carlos Joaquín González, ahora secretario estatal de Turismo, quien se comprometió a enviar al gobierno de Solidaridad una carta en la que la Semarnat en su momento dio su completa anuencia al programa director.
El primer edil de Solidaridad informó que el acta de cabildo en la que se aprueba el Plan Director de Desarrollo Urbano de Tulum, como el documento de aprobación de la Semarnat, serán enviados en un lapso no mayor de 30 días, plazo que exige la Suprema Corte de Justicia para recibir respuesta.
Cuestionado sobre el papel que en esta situación jugaría el nuevo municipio de Tulum, el primer edil de Solidaridad se limitó a contestar que hasta estos momentos la solicitud está dirigida a Solidaridad. Dijo que en el momento que el Congreso del Estado nombre al Concejo Ciudadano de Tulum, Solidaridad entablará las pláticas con quien vaya a presidir ese consejo, y que en su momento se hará la valoración sobre a quién le corresponde esta situación. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
El funcionario señaló que debido a que aún no han recibido la notificación de la Corte con respecto a los términos en que concedieron la suspensión en la aplicación de dicho instrumento de planeación, desconoce si sólo queda sin efecto lo concerniente al Parque Nacional o si se refiere a todo el centro de población de Tulum.
“Para nosotros es deseable que Tulum quede regulada por un PDDU, pero no así el Parque Nacional.
“De cualquier modo, si sólo se refiriera al parque, hay un PDDU anterior que sería el vigente; también hay un programa de Ordenamiento Ecológico y están los instrumentos de impacto ambiental, los cambios de uso del suelo en terrenos forestales… en fin, el área no tiene por qué quedar desprotegida”, sostuvo.
El lunes pasado, Carlos Joaquín González, ex acalde de Solidaridad, municipio que enfrenta un procedimiento de controversia constitucional solicitado por el gobierno federal, aseguró que la suspensión en la aplicación del PDDU ponía en riesgo al Parque Nacional Tulum, pues cualquiera podría construir en la zona.
Sin embargo, una consulta al marco legal y los hechos demuestran que ello sólo es posible si el decreto que dio vida a dicha área natural protegida es violentado; si un juez –luego de largos procesos legales- emite una sentencia a favor de algún particular que se dice propietario; si algún desarrollador violenta el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) y construye sin autorización de impacto ambiental, sólo amparado por licencias de construcción, o si alguna autoridad federal o municipal extiende ese tipo de permisos, como ha sucedido.
Sin la aplicación del PDDU, aprobado en junio de 2007 por el cabildo de Solidaridad y actualmente suspendido por orden de la Corte, el Parque Nacional Tulum ha estado protegido por un decreto, un Ordenamiento Ecológico y los trámites de evaluación del impacto ambiental.
El decreto presidencial, que data de 1981, le da la categoría de Parque Nacional, la más alta que prevé la ley en México.
Además, expropió sus 664 hectáreas a favor de la federación por causa de utilidad pública, para evitar construcciones en la zona y proteger además de la riqueza ambiental, los vestigios prehispánicos conocidos y los aún no explorados.
El Parque Nacional también se rige por lo que dicta el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún Tulum, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de noviembre del 2001.
Sin embargo, en ese mismo Ordenamiento existe una franja ubicada en la zona costera localizada al sur de la zona arqueológica de Tulum, que aparece dentro del polígono del Parque Nacional, que no se reconoce como tal, por lo que permite un desarrollo hotelero con una densidad de 30 cuartos por hectárea, lo que ha dado pie a la construcción de mil 235 cuartos.
Eso, al igual que las autorizaciones emitidas dentro del Parque Nacional, por funcionarios de la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), o las licencias entregadas por los alcaldes en turno, son aspectos que han abonado a la complejidad de tenencia de la tierra que envuelve a la zona. (Fuente: El Periódico)
4 de Junio 2008 11:52 PM |
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