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Violan hoteles clausuras en Tulum
El Diamante K, propiedad de Roberto Palazuelos, y el Mezannine no respetaron la clausura impuesta por la dependencia ambiental, que estableció que a partir de la semana pasada no permitieran el acceso a más turistas; ambos rompieron sellos y están operando.TULUM.- Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acompañados de cuatro infantes de Marina, revisaron hoy ocho hoteles que esa dependencia clausuró la semana pasada en el Parque Nacional Tulum, y descubrieron que en dos se violaron los sellos de clausura y siguen operando.
El Diamante K, propiedad de Roberto Palazuelos y el Mezannine no respetaron la clausura impuesta por la dependencia ambiental, que estableció que a partir de la semana pasada no permitieran el acceso a más turistas.
"No lo respetaron y derivará en otra denuncia de carácter penal, es decir, dos, una por establecerse en zona federal y otra por romper los sellos", afirmó José Ramiro Rubio Ortiz, subprocurador de Recursos Naturales de Profepa.
Ayer (martes) ingresaron a Tulum 10 inspectores de la Procuraduría apoyados por 15 elementos de la Marina y 5 abogados trabajando la documentación de querellas y denuncias penales.
De los seis hoteles que clausuraron hace dos semanas, el Alternature, Mayan Grill, Ibera y Tankha, respetaron su clausura por lo que el procedimiento administrativo continúa.
Este es el resultado de la verificación de las medidas de seguridad interpuestas hace dos semanas.
Asimismo, el funcionario expuso que ayer entraron a tres hoteles más: Cabañas Playa Paraíso, que no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y sólo tiene una autorización para construir seis palapas, sin embargo se hizo mucha más construcción.
También al hotel Zazilkin, que no cuenta con MIA y donde se descubrió una infraestructura demasiado grande, de cerca de 80 obras, 49 cabañas, canchas, servicios, oficinas, cuestiones que no estaban registrados, ya que, según las autoridades, estaba camuflageado con la vegetación.
El hotel Vita-Bella, que sí tiene MIA del 2000 y tras verificar términos y condicionantes en que fue otorgada, no cuenta con concesión de zona federal y tiene 11 cabañas restaurante, oficinas y servicios.
"Es muy probable que se pongan demandas penales por cambio de uso de suelo y por establecerse en zona federal, y después establezcamos las clausuras", expuso.
Rubio Ortiz, explicó que según el artículo 418 del Código de Procedimientos Penales, se impondrá de 6 a 9 años de prisión, por equivalente de 100 a 3 mil días de multa a quien cambie el uso de suelo forestal.
"La pena de prisión deberá aumentarse hasta tres años más y hasta 3 mil días multa, en caso que las conductas referidas afecten un área natural protegida, que es el caso", añadió. (Fuente: Reforma)
La Profepa ya tramita las denuncias penales contra los representantes de los establecimientos donde se rompieron los sellos de clausura impuestos por carecer de manifestación de impacto ambiental (MIA) y autorización de cambio de uso de suelo.
El subprocurador de recursos naturales de la dependencia, José Ramiro Rubio Ortiz, señaló en la ciudad de México que con ese desacato los dueños de los hoteles incurrieron en un delito federal.
Señaló que la denuncia penal que presentará la Profepa se sumará a la existente por la invasión de una zona federal. Explicó que la dependencia ha descubierto “graves irregularidades”.
Informó que seis de los ocho hoteles respetaron la clausura y que se investigan tres más: Cabañas Playa Paraíso, que no tiene MIA; Zazilkin, que no tenía registradas al menos 49 de 80 construcciones, y el Vitá Bella, que cuenta con una MIA expedida en el año 2000, pero carece de concesión para operar en zona federal. Dijo que quienes violaron la clausura podrían enfrentar prisión, multas y suspensión de operaciones.
El 9 de julio funcionarios de la Profepa clausuraron los hoteles Diamante K, Alternature, Mayan Grill, Mezzanine, Ivera (Playa Paraíso) y al día siguiente el Tanka I, Rancho El Jaguar y Caleta Tankah.
Este martes, Palazuelos informó que amplió ante el juzgado de distrito sus declaraciones ministeriales en contra de la Profepa, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Armada de México y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), entre otras autoridades que participaron en la clausura de los hoteles.
El también presidente de la asociación civil Guardianes de Tulum dijo que declaró en contra del director regional de la Conanp, Alfredo Arellano Guillermo, por considerar que dirigió la clausura “de manera encubierta”.
La gerente del hotel Playa Paraíso, María Duarte Díaz, confirmó la nueva incursión de los inspectores de la Profepa en compañía de cuatro militares.
Funcionarios de la delegación de la Profepa en Cancún reiteraron que estas operaciones se realizan en forma permanente en todo el país y que su objetivo no es ahuyentar el turismo o dañar a los prestadores de servicios, sino vigilar que éstos no violen las leyes ambientales.
En el caso de Tulum, citaron una declaración previa de la Profepa, según la cual “las clausuras no tienen que ver con la calidad de la posesión de la tierra, sino con la no tenencia y/o exhibición de los permisos y autorizaciones en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y concesión, permiso o contrato para el uso y usufructo de la zona federal marítimo-terrestre (Zofemat).”
El documento agrega que la Profepa “se apegará estrictamente a derecho y aplicará la ley a quienes la violenten, sin importar preferencias ideológicas o partidistas de los inversionistas”.
El 8 de julio la Profepa clausuró cinco establecimientos turísticos en la carretera costera Tulum-Ruinas-Boca Paila, por carecer de autorizaciones de impacto ambiental y de concesiones para uso, ocupación y explotación de la zona federal, y de permiso para cambio de uso de suelo.
Un sexto hotel, ubicado en la carretera federal Chetumal-Puerto Juárez, fue clausurado parcial y temporalmente por los mismos motivos. Dos sitios más fueron emplazados y serán sancionadas en su oportunidad por el cambio de uso de suelo no autorizado y acumulación de procedimientos.
Detectan especies protegidas
Debido a que en los cinco hoteles clausurados se detectaron obras dentro de zonas federales, la Profepa presentará denuncias por violaciones al artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, referente al uso, aprovechamiento o explotación de bienes pertenecientes a la nación. Además, se buscará la demolición de las construcciones.
La Profepa aseguró que en todos los proyectos visitados se encontraron especies vegetales y animales en riesgo de extinción.
Asimismo, en uno de los establecimientos clausurados, los inspectores de la Profepa descubrieron que se violaron varios sellos de suspensión de obras colocados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. (Fuente: La Jornada)
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