El contrato denominado “Convenio de colaboración” fue obtenido a través de un recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, luego de la negativa inicial del ayuntamiento de Solidaridad a entregar este documento.

De acuerdo al instrumento legal de de 13 hojas, se detalla que el único vendedor y “antiguo propietario” (como se le define en el contrato) del predio San Damián, el señor Rafael Medina y Gómez, fue quien celebró un contrato de compraventa de las fracciones de su terreno, con las empresas compradoras del mismo. Pues el ayuntamiento no era el propietario del predio San Damián, sino solamente gozaba de la posesión de dos partes de las fracciones del lote 089 y 089-1, las cuales utilizaba como basurero municipal.

Sin embargo, la administración de Carlos Joaquín González intervino como gestor de permisos ambientales, a cambio de los cuales obtuvo 23.5 millones de pesos.

En el contrato bajo el término de “colaborador” aparecen las sociedades “Inmobiliaria Nuevo León”, representada por Marcos Metta Cohen; “Inmobiliaria Helmer”, representada por el mismo Metta Cohen; y “Cabi Conjuntos Residenciales”, cuyo representante es Abraham Cababie Daniel. Igualmente, figura Promotora Maroma, empresa con la que el 12 de septiembre de 2006, la administración joaquinista firmó un convenio de donación por 10 millones de pesos “para apoyar al ayuntamiento a efecto de que éste llevara a cabo el cierre y reubicación del basurero”. Promotora Maroma, en este nuevo “convenio de colaboración” cedió todos sus derechos y obligaciones a las nuevas empresas involucradas en la adquisición del predio San Damián.

“Donaciones” a cambio de permisos ambientales, la filosofía de Carlos Joaquín

En diversos artículos, Noticaribe ha dado cuenta de las millonarias donaciones realizadas por empresas desarrolladoras de hoteles o infraestructura a favor del ayuntamiento, así también se ha documentado que durante la administración de Carlos Joaquín González las donaciones llegaron a ser la segunda fuente de ingresos en el presupuesto de ingresos 2006; en tanto que en el 2007, la proporción fue similar.

Aunque en los casos anteriores los contratos de donación no fueron puestos a disposición de este medio, la relación entre donaciones-permisos ambientales y administrativos se hacía evidente por tratarse de empresas que enfrentaban complicaciones en su tramitología, tales como Z Gas, constructora del varias veces clausrado gasoducto; el hotel Oasis Akumal, que construyó parte de su infraestructura hotelera sobre la vía pública; o el hotel Bahía Príncipe, denunciado en múltiples ocasiones por organizaciones ecologistas, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

El “convenio de colaboración” que fue obtenido en esta ocasión, no deja ninguna duda sobre la forma de operar de la administración de Carlos Joaquín González, ya que en éste, las partes firmantes manifiestan que el ayuntamiento se encargará de gestionar, modificar y procurar todos los cambios que se requieran para que los empresarios puedan llevar a cabo su proyecto.

En el inciso “m” de las Declaraciones, “el ayuntamiento reconoce la necesidad por parte de ‘el colaborador’ de obtener las aprobaciones necesarias a efecto de modificar los criterios ambientales (…) al efecto de que en el predio San Damián y/o en las fracciones señaladas, ‘el colaborador’ pueda construir por si o a través de las personas físicas o morales que éste determine para tales efectos, por lo menos 1000 (un mil) cuartos o su equivalente por hectárea, de acuerdo a la normatividad aplicable, y por lo menos 36 hoyos de campo de golf (…).”

Según el “convenio de colaboración”, la “donación” de los 23.5 millones de pesos se realizaría en diversas exhibiciones y tiempos, según se fueran cumpliendo algunos de los términos del contrato. Allí, en la cláusula Tercera, fracción iii), quedó estipulado que 9 millones de pesos se entregarán sólo hasta que los empresarios compradores del predio hubieren obtenido los permisos para la realización de su proyecto:

“La cantidad de 9’000,000.00 (nueve millones de pesos 00/100 M.N) será cubierta por ‘el colaborador’ a ‘el ayuntamiento’ dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que ‘el colaborador’ haya gestionado y obtenido: i) la aprobación favorable del Diagnóstico Ambiental respectivo sometido al Comité Técnico que se cita en el Decreto para la realización de las instalaciones, y la modificación de los criterios ambientales; ii) la compatibilidad urbanística estatal emitida por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del estado de Quintana Roo, que permita la construcción de las instalaciones y la modificación de los criterios ambientales; iii) la aprobación por parte de las autoridades estatales de la totalidad de los documentos correspondientes respecto de la realización de las instalaciones y la modificación de los criterios ambientales; iv) como consecuencia de dichas autorizaciones, la aprobación y emisión por parte del ayuntamiento de a) la licencia de uso de suelo; b) licencia de construcción; c) publicación en el Periódico Oficial del Estado del Acta de Cabildo citada en las declaraciones que anteceden y, d) en general demás autorizaciones municipales que correspondan para que en las fracciones se permita el desarrollo de las instalaciones que como ha quedado ya definido, incluyen 36 hoyos de golf y por lo menos 1000 (un mil) cuartos”.

Pero por si no quedara claro que la participación del ayuntamiento es la de gestor de permisos ambientales y urbanos, entre las cláusulas del convenio de colaboración, se establece que si no se satisfacen las condiciones referentes a la obtención de la documentación necesaria para la realización del proyecto y la modificación de los criterios ambientales se podrá dar por terminado el contrato.

Cláusula Quina, número 2: “el colaborador tiene una causa justificada para rescindir el presente instrumento en el caso de que el ayuntamiento incumpla con cualquiera de las obligaciones asumidas por él en los términos del presente convenio; o en caso de que no se satisfagan las condiciones señaladas en la cláusula tercera referente a la obtención de la documentación necesaria para la realización de las instalaciones y la modificación de los criterios ambientales”.

En el convenio también se reconoce que el predio adquirido por los desarrolladores no contaba con las condiciones necesarias para realizar el proyecto previsto por ellos, por lo que sería el ayuntamiento de Solidaridad el que gestionaría y garantizaría la obtención de permisos:

Inciso ‘h’ de las declaraciones de ‘el colaborador’: “que sabe y le consta que, con los criterios ambientales que a la fecha de firma del presente instrumento resultan aplicables tanto al referido lote 089 como al lote y al predio San Damián y/o sus fracciones, NO resulta factible la consecución del motivo y fin determinante de su voluntad, consistente en la realización del desarrollo inmobiliario turístico, que incluya, sin limitar, la posibilidad de construir, comercializar y operar las instalaciones, por lo que se hace necesario, para la consecución de dicho fin, gestionar y obtener FAVORABLEMENTE, mediante las disposiciones y procedimientos legales correspondientes, la adopción y vigencia de los criterios ambientales modificados”.

El predio San Damián, adquirido por las empresas referidas, cuenta con una superficie aproximada de 2’690,900.00 metros cuadrados, el cual fue subdividido en tres fracciones: lote 089 con una superficie de 2’363,162.88 metros cuadrados; lote 089-1 con superficie de 202,870.70 metros cuadrados; y lote 089-2 con superficie de 35,709.91 metros cuadrados. Sobre dicho predio, se prevé construir un desarrollo hotelero-inmobiliario con un campo de golf de 36 hoyos.

Donación para sanear el basurero

Según, el bizarro “convenio de colaboración”, la cantidad donada sería utilizada por el ayuntamiento para reubicar y sanear el basurero, lo cual no se concretó durante la administración de Carlos Joaquín, y lo que es más, el tiradero a cielo abierto ardió durante semanas sin que las autoridades atendieran el incendio.

En el inciso “o” se expresa que: “igualmente ‘el colaborador’ (las empresas) se ha dirigido a ‘el ayuntamiento’ como futuro desarrollador de las fracciones que componen el predio San Damián para su futuro aprovechamiento, expresando su interés en colaborar con el ayuntamiento en la reubicación actual del basurero, así como en el saneamiento y regeneración de las áreas impactadas por el mismo, mismas que superan las 70-00-00 hectáreas, y para ello ha propuesto una donación al municipio de 23 millones 500 mil pesos (…).

En la cláusula cuarta quedó establecido que: “el ayuntamiento llevará a cabo la reubicación del basurero y dejará de usar para tal fin el lote en un plazo máximo de 3 (tres) meses siguientes a la fecha de firma del presente instrumento, en que hará entrega de la posesión física y jurídica del lote a el colaborador”.

La fecha de firma del contrato fue el 29 de marzo de 2007, por lo que la administración de Carlos Joaquín debería haber entregado el predio donde se asentaba el basurero el 29 de junio. Sin embargo, el hoy Secretario de Turismo dejó el ayuntamiento, y también dejó el problema del tiradero a cielo abierto y de la operación de una celda de relleno sanitario a la actual administración.

El único vendedor del predio San Damián

El único con capacidad para vender el predio San Damián era el señor Rafael Medina y Gómez, el propietario del mismo.

En la declaración “m” del contrato, el ayuntamiento declara “que es de su conocimiento que el colaborador suscribió con el señor Rafael Medina y Gómez sendas compraventas por medio de las cuales adquirieron la propiedad de la fracción lote 089 y de la fracción lote 089-1, con el objeto y fin determinante de realizar en las fracciones un desarrollo inmobiliario turístico, que incluye, sin limitar, la posibilidad de desplantar (sic) la construcción de diversas viviendas turístico-residenciales, así como un campo de golf, y demás áreas e instalaciones complementarias (…).”

Por su parte, ‘el colaborador’, en su declaración “g” afirma que: “han adquirido de parte del señor Rafael Medina y Gómez la propiedad de la fracción del lote 089, y la fracción lote 089-1, pertenecientes al predio San Damián, con el objeto y fin determinante de realizar en ellas un desarrollo inmobiliario turístico, que incluya, sin limitar, la posibilidad de construir, comercializar y operar las instalaciones (…)”.

Cabos sueltos

El ‘convenio de colaboración’ detalla prácticamente todo, salvo una cosa: en qué consistirá el desarrollo de los “colaboradores”, es decir, qué harán las empresas “Inmobiliaria Nuevo León”, “Inmobiliaria Helmer” y “Cabi Conjuntos Residenciales”.

El contrato no contiene ningún anexo que especifique lo que Carlos Joaquín González so comprometió a gestionar. (Noticarbe)