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Denunciará Profepa por corrupción a secretario de Tribunal Colegiado por fallo a favor del "Diamante K"
Sigue la polémica por las clausuras ambientales en el Parque Nacional Tulum y el revés sufrido por la autoridad ambiental: “evidentemente el secretario se vendió; no tiene sentido su resolución", dice funcionario.CANCUN, MX.- El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada, ordenó que se denuncie ante el Consejo de la Judicatura Federal al secretario del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió un recurso de queja a favor del hotel “Diamante K”, ubicado dentro del Parque Nacional Tulum y clausurado por la dependencia por ocupación ilegal de zona federal y carencia de permisos de impacto ambiental.
Así lo confirmó el abogado del hotel, Octavio Gutiérrez, quien subrayó que si bien ya se ha resuelto sobre el caso, tocaría ahora a la Procuraduría General de la República (PGR) a ejercer alguna medida, pues la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya no puede proceder.
“Sí, estamos operando porque clausuraron un proyecto, pero la Profepa está limitada; hasta donde llegó la clausura, no puede hacer más; no puede desalojar, demoler; todo lo que ha dicho el delegado (Jorge Luis Morales Arjona) es una falacia. Él no puede hacer nada”, indicó.
En coincidencia con lo declarado por el titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada, el delegado en Quintana Roo declaró semanas atrás que, en casos como el Mezanine -al que le fue negada la suspensión provisional y con ello quedó vigente la clausura en su contra- la dependencia buscará que el sitio en donde se ubica el inmueble regrese al estado en el que se encuentra, lo que implica el retiro de la infraestructura y obra existente.
“Volver al estado original el predio, es muy difícil. Platicando con varios peritos especializados me han explicado que la contaminación ambiental tiene tres niveles. La Alta, la de impacto medio y la de impacto bajo. A juicio de todos ellos (los peritos) los hoteles en Tulum tienen un impacto muy bajo.
“Por otra parte, una demolición es hablar de más. Ellos (Profepa) no tienen facultades para demoler, ni puede ser a costo nuestro. Ellos no pueden ir más allá. Si hay un ilícito sólo puede reportarlo ante la PGR”, expresó el abogado.
En efecto, el director de Impacto Ambiental de la Profepa, Raziel Villegas, recordó ayer que el Mezanine enfrenta una doble demanda penal ante la PGR. La primera, por invasión a zona federal marítimo terrestre, sin permisos, sin concesión.
La segunda, por haber violentado la clausura, lo cual contraviene el artículo 420 Quarter, fracción Quinta del Código Federal de procedimientos.
“Creo que ese abogado le está tomando el pelo a sus clientes para seguirles sacando dinero, pero ¡cuidado! Porque les está mintiendo y sólo logrará que los metan a la cárcel por violar la ley”, señaló Villegas.
Gutiérrez, además de asumirse confiado sobre el resultado de los dictámenes de la PGR, aclaró que la resolución que les fue adversa por parte del Tribunal Colegiado, fue producto de información errónea que se le entregó al magistrado en turno.
“El Tribunal pensó que nosotros seguíamos construyendo un hotel, por eso revocó nuestra suspensión provisional y, al no tener el impacto ambiental, pues falla así. Es algo muy procesal, prefiero no ahondar mucho en el tema”, comentó.
La versión del director de Impacto es que la revocación de la suspensión, resultado de la admisión y análisis del recurso de queja que la dependencia presentó al Tribunal Colegiado, fue fruto de que se demostró que no había elementos para proteger a un centro de hospedaje que carecía de permisos de impacto ambiental y además, invade ilegalmente la zona federal marítimo terrestre.
Al respecto, el abogado argumentó. “Es que fueron a hacer las mediciones de la zona federal cuando sube la marea, que la hagan en otra época del año”. (Fuente: El Periódico)
“Evidentemente el secretario se vendió; no tiene sentido su resolución, que se refiere a un acto ‘A’, cuando versa sobre un acto ‘B’.
Villegas también se refirió a la supuesta multa que le fue impuesta a la dependencia por no retirar los sellos de clausura del centro de hospedaje.
“No hay tal, al menos no de forma oficial, porque no hemos sido notificados de ello. Lo que sí sabemos ya es que la PGR tiene listo el dictamen de la inspección ocular que hicieron y que confirma que el hotel está invadiendo zona federal”, expresó.
El funcionario explicó que interpuso un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado, por la resolución emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Cancún, que otorgó una suspensión provisional al “Diamante K” sobre la clausura impuesta por la Profepa.
Villegas consideró aquella vez que esa resolución tampoco se apegaba a Derecho y, por el contrario, el secretario en funciones podría haber incurrido en un delito conocido como obstrucción en la administración de la justicia; por tanto, ingresó el recurso de queja referido en contra de esa resolución.
“Primero hay que aclarar, porque la queja no fue desechada como dice el señor Palazuelos; fue admitida, estudiada y declarara como infundada. Ingresamos un documento de 81 páginas, de las cuales, 79 son una trascripción de mi queja y sólo en dos páginas nos da respuesta y esa respuesta es que, según el secretario en funciones, no la magistrado, no tenemos la razón.
“Lo más grave es que de una manera abierta, descarada y cínica, el secretario corrige lo que dice el quejoso, cuando el juzgado está impedido de corregir los errores de las partes. Esto nos habla de una franca violación”, sostuvo.
Entrevistado vía telefónica, el funcionario detalló que se demostró al Tribunal que existía una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del hotel, fundada y motivada, por la ocupación ilegal de zona federal.
De hecho, se encontró que ya la delegación de la dependencia en febrero pasado, había también denunciado la situación con antelación.
“Con todos los argumentos que se presentaron, y que obligadamente tenían que responder y no hicieron, otorgaron la suspensión a favor del hotel, cuando eso no debió ser.
“Me queda claro que se trata de corrupción y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no se puede permitir que por 30 monedas un servidor público se venda y tuerza la ley”, expresó.
Villegas añadió que llama la atención que los casos que cayeron en el Primer Tribunal, como las de los hoteles Mezanine, Ibera y el terreno en construcción de Alternature, también clausurados, se resolvieron a favor de la dependencia, pues a los particulares se les negó la suspensión, mientras que el caso de entró en el Tribunal Segundo, la resolución fue distinta. (Fuente: El Periódico)
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