De acuerdo con la causa penal 53/2008, a Nancy de Rosa se le acusó de la supuesta comisión de un “delito grave” (que amerita aprehensión inmediata y no da derecho a fianza) por la tala y relleno de 200 metros cuadrados de manglar, así como por “inyectarle lixiviados” al mismo mediante la instalación de un "basurero municipal” y por “capturar especies de fauna endógenas de la región y liberarlas fuera de su hábitat natural”.

Nancy de Rosa refirió que las acusaciones son falsas, ridículas y fuera de toda proporción, ya que la denuncia de relleno de manglar se la quieren achacar por el área que ocupa el pequeño hotel Villas DeRosa que se ubica en el fraccionamiento Akumal Caribe, una zona urbanizada desde los años ochentas, mientras que la acusación de inyección de lixiviados al manglar resulta aún más burda porque se refiere a un compostero de dos metros por dos metros que tiene en su patio.

Un compostero, refirió, es uno de los métodos más ampliamente recomendado por las mismas autoridades ambientales para deshacerse de la basura orgánica precisamente para no contaminar, explicó DeRosa, quien dijo que en el expediente en su contra se presentaron fotografías de su compostero como supuesta prueba de delito.

La acusación en contra de Nancy de Rosa fue radicada por Francisco Sánchez Carrillo, mediante la típica Denuncia Ciudadana ante la Propefa, pero Nancy de Rosa asegura que esta persona sólo es un prestanombres del Bahía Príncipe, que es la cadena que ha estado promoviendo el acoso judicial en su contra desde que presentó una serie de denuncias documentadas sobre destrucción y relleno de manglar aprovechando la confusión generada por el paso del huracán “Wilma”, a fines del 2005, así como por el posterior relleno de la playa con sascab, lo cual ameritó una sanción de la misma Profepa.

Dijo que por todo ello es que la actuación de los funcionarios que han intervenido en su causa resulta más sospechosas y particularmente señaló a Francisco Sandoval Hernández, “encargado” de la Mesa Única de Investigadora del Ministerio Público Federal, que fue quien integró/fabricó la Averiguación Previa PGR/QROO/COZ-174/2007 en su contra, asentando que estos supuestos delitos eran graves y no daban derecho al amparo, con lo cual se demostró el dolo, aunque finalmente el Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Distrito en Cancún le concedió la suspensión del amparo, ya que se comprobó que en caso de existir el delito, éstos no eran considerados graves por la ley.

La ecologista mencionó que, independientemente de las acusaciones en su contra, le gustaría que las autoridades judiciales procedieran con la misma pretendida firmeza en contra de quienes verdaderamente han destruidos y siguen devastando el manglar y no pequeñas extensiones como se señala en la denuncia en su contra, sino decenas de hectáreas que han sido rellenadas para construir los hoteles que en los últimos diez años han desaparecidos y modificado de forma irremediable los ecosistemas costeros en la Riviera Maya en beneficio del turismo masivo y depredador que promueven.

Hoy se quiere olvidar que Nancy DeRosa, a través de SAVE, logró lo que ninguna otra organización ambientalista o el ex alcalde de Solidaridad, Miguel Ramón Martín Azueta, pudieron para detener la construcción del mega complejo hotelero que el grupo Sol Meliá pretendió levantar en la zona de Xcacel-Xcacelito, conocido como el santuario de la tortuga marina.

Hay que recordar que después de que los amparos y recursos de revisión de organizaciones como Gema o el Cemda, así como el recurso administrativo promovido por el Ayuntamiento de Solidaridad y que fue elaborado por Ena Rosa Valencia, fueron desechados, sólo los dos amparos en contra de Sol Meliá promovidos por SAVE de Nancy de Rosa en el año 2000 prevalecieron.

Y es que fue mediante el recurso de revisión con el número de expediente 889/2000 que finalmente se obligó a la Semarnat a reponer el proceso de consulta pública del proyecto turístico de Sol Meliá y que, tras una fuerte presión mediática de grupos ecologistas en una segunda reunión pública de información realizada en las instalaciones del Poliforum de Playa del Carmen, devino en la revocación final de los permisos ya entregados a la cadena española, en un resultado similar al conseguido este mes por el grupo MOCE con la revocación de los permisos al Bahía Príncipe.

Además, de las aproximadamente 16 denuncias en la Profepa contra delitos ambientales del Bahía Príncipe, que se conocen del año 2004 a la fecha, solo se sabe de 1 interpuesta por el CEMDA-MOCE, ya que el resto las ha interpuesto Nancy DeRosa, algunas de ellas a través de la asociación civil SAVE y otras como persona física, lo que ha provocado el enojo de los ejecutivos de la cadena hotelera. (Noticaribe)