En conferencia de prensa el subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, José Ramiro Rubio Ortiz, mencionó que ocho hoteles fueron clausurados en el municipio de Tulum, los cuales hasta el momento permanecen con los sellos de clausura, a pesar de que cinco de ellos interpusieron el amparo ante juzgados federales.

Los hoteles que interpusieron amparos fueron Alternature, Diamante K, Mezanine, Hotel Paraíso y Tankah I, Fracción II, inmuebles que, a excepción de este último, fueron clausurados hasta en dos ocasiones, una por impacto ambiental y la otra en materia forestal.

Resaltó que el secretario del segundo juzgado de Distrito concedió la suspensión provisional a los hoteles Alternature y Diamante K, por lo que se procederá hasta las últimas consecuencias.

El Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito confirmó la suspensión provisional de la clausura en materia de impacto ambiental al hotel Diamante K, pero se mantiene la forestal, además de que tiene dos denuncias penales por la ilegal ocupación, uso y explotación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

En este sentido dijo que estas acciones para verificar la legalidad en la que trabajan esos giros se realizarán en otros centros turísticos de Baja California, Colima, Jalisco y Guerrero, así como en otras entidades, ya que se tienen ubicados los focos rojos en esta materia. (Fuente: Notimex)

TULUM, Q.R.— A pesar de que se mantiene vigente una clausura en materia forestal sobre los hoteles Diamante K, Playa Paraíso y Mezzanine, éstos continúan recibiendo turistas, violando así el artículo 420, fracción V, del Código Penal Federal.

Ante esta situación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Quintana Roo.

“Cárcel, cárcel, al que vaya contra la gestión ambiental. Y vamos con todo, si la clausura no es un sellito, no es una calcomanía, es una medida de seguridad impuesta por la autoridad competente”, sentenció Ramiro Rubio Ortiz, subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa.

En conferencia de prensa, acusó al secretario del Juzgado Segundo de Distrito, Willy Fernando Pfenning Rodríguez, de incurrir en el delito de obstrucción de la justicia, al corregir errores del recurso de queja que interpusieron los empresarios.

“Con lo anterior, se puede percibir que el Diamante K y Playa Paraíso recibieron por parte de los juzgados de amparo, mayores beneficios de los solicitados”, explicó al referirse a los amparos otorgados a los concesionarios y por los cuales los hoteles siguen funcionando.

Rubio Ortiz agregó que el razonamiento y argumento de ambas resoluciones fue prácticamente el mismo y únicamente cambio el nombre del hotel, “con la total ausencia del análisis y estudio particular del caso”.

“El Presidente nos ha dicho muy claramente que apliquemos la ley, que promovamos el desarrollo sustentable, que no matemos a la gallina de los huevos de oro”, afirmó Patricio Patrón Laviada, titular de la Profepa.

La disputa por Tulum comenzó a principios de julio, cuando la Profepa realizó operativos de revisión en hoteles construidos dentro del área natural protegida.

Como resultado de estas acciones, ocho desarrollos turísticos fueron clausurados por no contar con manifestación de impacto ambiental, permiso para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales ni tener la concesión para el aprovechamiento o explotación de la zona federal marítimo terrestre.

Se dijo que la infraestructura se levantó sin calcular los efectos en el entorno, y devastó duna, derribó palma y pasó por alto la restricción de construir a una distancia de, por lo menos, 20 metros del mar.

Durante las visitas que inspectores de la Profepa realizaron a Tulum, apoyados por elementos de la Armada de México, se ordenó el cierre total o parcial de los hoteles Diamante K; Mayan Grill (Cabañas Nachos); Mezzanine; Ivera (Playa Paraíso); Tankah I, fracción II; Vitta-Bella; Cabañas Playa Condesa y Alternature (en construcción).

En aproximadamente dos semanas se tiene programada una segunda etapa de operativos con el fin de revisar otros seis complejos turísticos asentados en el área natural protegida, incluidos los hoteles Dreams Tulum y Azul Blue (vinculado con los hermanos Bribiesca Sahagún).

Como en los casos anteriores, las instalaciones ubicadas dentro del parque nacional deberán contar con permisos expedidos por la Semarnat para poder operar de manera regular.

Raziel Villegas Núñez, director de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Profepa dio a conocer que como parte de las primeras acciones realizadas en Tulum, el pasado 11 de agosto se determinó levantar la clausura en Cabañas Playa Condesa.

Explicó que su propietario Nicasio Canché pudo acreditar que el hotel se comenzó a construir en 1974, antes de que entrara en vigor la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legepa), por lo que no está obligado a contar con la autorización de impacto ambiental.

De acuerdo con Alfredo Arellano Guillermo, director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), los complejos turísticos construidos sin los permisos correspondientes ponen en riesgo el patrimonio cultural y natural de los mexicanos, no sólo en Tulum, sino en gran parte de Quintana Roo.

“Desgraciadamente Quintana Roo es el estado número uno en delitos ambientales debido a su acelerado crecimiento y los litigios por la tenencia de la tierra que genera que muchas veces, por detentar la posesión de un terreno, se desmonte o se hagan construcciones fuera de la ley”, señaló.

El biólogo de profesión se refirió a los hoteles enclavados en Tulum, al manifestar su confianza en que los terrenos puedan regresar a su estado original, “poniendo por delante el beneficio público que generan estos espacios sobre intereses particulares, de dos o tres personas.

“Nunca es tarde, las afectaciones en el parque son posiblemente menores a 15% o 10%, entonces es algo que podemos recuperar todavía”, consideró Arellano.

A su vez, Villegas Núñez reconoció que para revertir los daños en esta área natural protegida es necesario proceder a la demolición. “Se tendría que dejar eso como estaba y si eso te conlleva a tener que quitar el hotel pues se tendría que quitar el hotel porque así no estaba”, destacó.

El director de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre afirmó que en estos momentos sería prácticamente imposible que los complejos turísticos bajo proceso pudieran conseguir la autorización de impacto ambiental.

“La esencia de la manifestación de impacto ambiental es preventiva, antes de construir la persona tiene que demostrar a la Semarnat que su proyecto es ecológicamente viable. Pero si ya construiste, si ya mataste palma, si ya te llevaste el mangle pues entonces, ¿qué se va a evaluar?”, subrayó.

El funcionario comentó que además la falta de autorización para el cambio de uso de suelo y de la concesión para el aprovechamiento o explotación de la zona federal marítimo terrestre constituye un delito conforme al Código Penal Federal y la Ley de Bienes Nacionales.

Al respecto, Patricio Patrón Laviada, procurador federal de Protección al Ambiente fue tajante al ser cuestionado sobre el futuro de los hoteles en Tulum.

“Si no muestran permisos, nuestro dictamen final tendrá que ser clausura total y devolver el terreno a su estado original, es decir, la demolición de los hoteles”, declaró.

Los dueños de los complejos turísticos clausurados se defienden, argumentando que sus instalaciones fueron construidas antes de ser expedida la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el 28 de enero de 1988.

Bajo las siglas de la Asociación de Propietarios Guardianes de Tulum AC, los empresarios iniciaron una batalla legal con el fin de echar para atrás los cierres temporales.

Los hoteles Diamante K, Mezzanine, Playa Paraíso, Alternature y Tankah promovieron amparos ante los Juzgados Cuarto y Segundo de Distrito, con sede en Cancún.

Después de dos meses, los únicos que obtuvieron la suspensión provisional por la falta de manifestación de impacto ambiental son el Diamante K y Playa Paraíso.

Roberto Palazuelos, representante de los empresarios, aseguró que, en su caso, el Diamante K no requiere de manifestación de impacto ambiental ni autorización para cambio de uso de suelo, porque dignatarios mayas iniciaron su construcción desde 1987.

“Yo no necesito tener esos permisos ambientales porque mi hotel fue construido mucho antes de que las leyes ambientales y la Semarnat y la Profepa existieran; hay muchísimos hoteles así como El Paraíso, que es de 1974, y tú no puedes hacer la ley retroactiva”, precisó.

Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el único documento que exhibió el también actor de telenovelas es un contrato de arrendamiento que data de 1989, un año después de que se publicó la legislación, donde se habla apenas de un proyecto para levantar cabañas.

Palazuelos, conocido en el mundo de la farándula como El Diamante Negro, acusó al director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de quererlos “despojar” de su patrimonio.

Destacó que Alfredo Arellano Guillermo trata de intimidar a la gente que no salió del parque nacional después del decreto de expropiación emitido por el entonces presidente José López Portillo.

Recordó que en ningún momento el gobierno federal pagó a los propietarios las indemnizaciones a las que tienen derecho.

“El verdadero actor de todo este rollo es Alfredo Arellano Guillermo, que es un cuate que se ha aferrado con que quiere recuperar el parque, pero cómo va a recuperarlo, si el decreto expropiatorio está mal hecho, ya que dice que Carrillo Puerto, el municipio y todas sus coordenadas, están en el mar”, puntualizó.

De ahí que, aclaró, la supuesta amenaza de muerte que hizo a Arellano Guillermo fue una simple advertencia de que estaba dejando a muchas familias sin empleo.

“Yo le dije: ‘Fíjate bien lo que estás haciendo, fíjate bien en la gente con la que te estás metiendo, estás lastimando lo más sagrado, que es la familia; por ahí hay mucha gente que está enardecida y en una de esas o te van a meter a la cárcel o te van a dar un tiro’”, reiteró.

Roberto Palazuelos señaló que se encuentra tranquilo, porque de todas maneras las amenazas de muerte están derogadas del Código Penal de Quintana Roo. (Fuente: Excélsior)