Y contraatacan. Acusan a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de hacer uso indebido de la fuerza en los operativos de clausura realizados en julio pasado, como publicó ayer Excélsior.

Según los hoteleros, estas acciones afectaron la imagen del sitio. Afirman que las fotografías de marinos armados entrando a los desarrollos turísticos dieron la vuelta al mundo, provocando cancelaciones de última hora.

“Nunca sacaron a nadie, ni huéspedes ni nada. Pero al ver gente armada con ametralladoras en un lugar tan tranquilo como Tulum, el turismo piensa que puede ocurrir una tragedia”, comentó María Durán, gerente de Playa Paraíso.

Roberto Palazuelos, propietario del Diamante K, indicó que en total se apostaron más de 180 soldados en diferentes puntos del Parque Nacional. Denunció que los inspectores de la Profepa actuaron como “terroristas legales” que llegaron a “brincarse las trancas”, ahuyentando a los visitantes.

“No nada más afectaron a los hoteles cerrados, sino que hubo un fenómeno de publicidad muy fuerte y se dieron muchas cancelaciones por internet; Tulum vivió la peor temporada de verano en muchos años.”

Ramiro Rubio, subprocurador de Recursos Naturales, sostuvo que los empresarios tratan de llevar los procesos judiciales hasta sus últimas consecuencias, recurriendo a amparos y revisiones.

“Puede ser que esto tarde un año. Ya llevamos tres meses y posiblemente nos lleve seis más”, reconoció. Manifestó que pase lo que pase con los hoteles clausurados, la Profepa no permitirá una sola construcción más en Tulum.

El futuro de Tulum está en los tribunales. Por un lado, los jueces y magistrados tendrán que decidir sobre la permanencia o no de los hoteles construidos dentro del área natural protegida y, por otro, deberán definir la legalidad del decreto de expropiación emitido en 1981.

En julio, el gobierno estatal presentó un recurso de revisión contra la creación del parque nacional. El trámite se presentó mediante el Instituto de Patrimonio del Estado (Ipae), organismo creado al final de la administración de Hendricks (1999-2005), que tiene a su cargo el patrimonio de los bienes inmuebles.

Así la administración local se sumó al grupo de inversionistas que propone la desaparición del área natural protegida para construir hoteles y centros turísticos.

El argumento principal es que el decreto firmado por el entonces presidente José López Portillo (1981) nunca entró en vigor porque no se pudieron expropiar las 664 hectáreas del área, debido a que los propietarios ganaron los amparos al gobierno federal y en los hechos es un “parque nacional de papel”.

Jorge Morales Arjona, delegado de la Profepa en Quintana Roo, justificó la presencia de elementos armados “porque en otros lados han matado inspectores. Se dice que aquí es un lugar tranquilo, y no lo dudo, pero para qué correr el riesgo”.

Rechazó que estas acciones dañen la imagen de México en el exterior y aseguró que los empresarios magnifican lo sucedido.

“Las Fuerzas Armadas que participaron estuvieron discretamente distribuidas, jamás penetraron a los hoteles, siempre se mantuvieron afuera, para no molestar.”

Morales Arjona agregó que los hoteleros no están acostumbrados a cumplir con la ley. “El hecho de que no conozcan la ley no los exime de la culpabilidad”, destacó.

Ramiro Rubio Ortiz enfatizó que cuidarán al personal y que “cada vez que necesitemos entrar con la fuerza pública, lo vamos a hacer”. (Fuente: Excélsior/FOTO: DiveKarma/Flickr)