Es un proyecto estratégico y necesario, advirtió José Calderón Ojeda, director de Asuntos Internacionales de Armamex. Y claro, también es un negocio.

No en balde, hace tres años, con algunas variantes importantes, la empresa Oiltanking pretendió también construir una terminal de almacenamiento en Puerto Morelos, pero el proyecto, sometido a un proceso de consulta pública, fue rechazado por la comunidad.

La Semarnat, en ese entonces, también decidió no autorizar los permisos en base a criterios ambientales que en este caso no están presentes: Oiltanking quería dragar el canal de navegación, pero más allá de quitar la famosa roca que lo obstruye, necesitaba ampliarlo mucho más para permitir la entrada de sus enormes buques-tanque con capacidad de 45 mil barriles. La dependencia federal no aceptó el proyecto, no tanto por las quejas poco fundamentadas de los pobladores, sino por la certeza de que este dragado sí afectaría el Parque Marino.

Sin embargo, se haga o no se haga este proyecto, la turbosina es y seguirá siendo un negocio, ya sea para unos o para otros. Siempre hay alguien que gana y alguien que pierde.

¿De qué lado estamos nosotros? ¿En dónde queda Quintana Roo? ¿Es justo poner en riesgo el Parque Marino de Puerto Morelos y afectar la imagen turística de un destino por un proyecto de desarrollo estratégico? ¿Se vale tener miedo y dudar? Claro que se vale, si lo que está en juego es el futuro, pero no por eso hay que apostarle a cancelar el debate a golpe de periodicazos.

¿Hasta cuando se seguirá pagando el sobreprecio de la turbosina que abastece al aeropuerto de Cancún y que es lo que provoca que el costo de viajar en avión desde aquí o hacia aquí sea mucho más caro que hacia otros destinos? ¿Es válido quejarse de una terminal de almacenamiento de combustible que abaratará costos y, al mismo tiempo, de que los hoteles de Puerto Morelos no tengan turistas cuando cada vez habrá menos viajeros hacia esta zona porque Cancún está perdiendo competitividad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién la dice?

Eso es lo que está a debate, a consulta pública. Pero para usar una figura de juego, el problema es que no todas las cartas están sobre la mesa y ha empezado a haber mucho, mucho ruido.

Intereses económicos en juego

¿A quién le interesa que el proyecto de Armamex, avalado por Petróleos Mexicanos, no se haga? Bueno, en una primera instancia podemos decir que a muchos de los pobladores y empresarios hoteleros de la localidad, que ante la falta de información precisa sobre este tema, temen que el proyecto de las terminales de almacenamiento sea peligroso o cree mala imagen a este destino turístico, tan malquerido por las autoridades federales, estatales y municipales. Están en su derecho, pues están cuidando su patrimonio y quieren comprometerse con su propia comunidad.

Sin embargo, a quien definitivamente no le conviene que este proyecto sea autorizado es a los piperos y a quienes controlan este negocio millonario del trasiego de combustibles por carretera y que son los que, en buena medida, mantienen inflados los precios de la turbosina.

¿Sabía usted que el precio internacional de traslado de un barril de turbosina es de 2.5 dólares? Pues en Cancún se paga la turbosina más cara del mundo, ya que aquí el costo de cada barril de este combustible sube hasta siete dólares, en el caso de que ésta sea traído a través de Progreso, a 400 kilómetros de distancia por carretera. Porque si proviene de Coatzacoalcos, el precio es de nueve dólares, y hasta once dólares si es traído directamente de Pajaritos, ya que se tiene que recorrer mil kilómetros y eso cuesta.

Para surtir al estado, se usan un promedio de mil viajes de pipas cada mes. Cada viaje le deja un chofer una ganancia de por lo menos ocho mil pesos, libres de polvo y paja, y no queremos ni imaginarnos cuanto se queda el concesionario, quien por cierto es un poderoso propietario de gasolineras con sede en Yucatán y con amplios intereses y relaciones en el área, incluso en algunos medios de comunicación que han empezado a tomar la bandera del rechazo al proyecto, pero contando sólo una cara de la moneda.

Hoy, estos intereses, los legítimos y los personales, están entremezclados y se necesita tener mucha claridad para no perderse entre la desinformación y la ignorancia inducida.

Por ejemplo, en qué beneficia que el periódico Novedades de Quintana Roo maneje este día como nota de portada la información de que una embarcación de Armamex atracó el domingo en Puerto Morelos para descargar cemento. ¿Cuál es la noticia? Armamex, desde hace años llega cada semana con sus barcos y con el mismo cargamento de cemento y en Puerto Morelos todos lo saben. ¿Quién se dice ahora sorprendido?

Y hay más: Hace poco más de diez años, la misma empresa, Naviera Armamex, ya llegaba con esos mismos barcos, pero no cargando cemento, sino la misma turbosina que ahora es tan mal vista y en ese entonces nadie dijo nada y tampoco hubo ningún tipo de problema porque los barcos que usan son especiales para puertos de bajo calado, como el de Puerto Morelos. Y si dejaron de llegar con combustible fue porque, cuando no se tenía en cuenta el acelerado crecimiento de la zona, se tomó una decisión política de privilegiar al puerto de Progreso, Yucatán, y se dio la orden que allá se desembarcara todo.

El debate sobre la conveniencia o no de permitir la instalación de una terminal de almacenamiento de turbosina es demasiado importante para sabotearlo con el petate del muerto y con mala información.

Ya hay una consulta pública para ventilar pros y contras, pero es necesario que realice todavía una reunión pública de información para que se conozca el proyecto a detalle y la población exponga sus dudas y la empresa las aclare. Y si al final, la Semarnat toma la decisión de aprobar el proyecto o rechazarlo, que se tenga la certeza de que en cualquiera de los dos casos fue la mejor decisión en base a criterios técnicos y ambientales y a consensos de la comunidad, pero no por una campaña mediática movida por intereses oscuros, tratando de manipular eso que se ha dado en llamar la opinión pública.

No se vale la desinformación, ni la ignorancia en un tema tan importante para Quintana Roo. A nadie conviene porque al final todos pagaremos las consecuencias. Es una opinión.

Aire, falta aire.

El bolso o la mañana de las tentaciones

Todo empezó la mañana del 13 de mayo, cuando la reportera Fabiola Cortés, corresponsal en Playa del Carmen del periódico Novedades de Quintana Roo, coincidió en un café con algunos colegas y dos funcionarios de la Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento de Solidaridad, Raúl Lizárraga y el argentino Gustavo Ferrari. El primero funge como director administrativo y el segundo, se supone, como asesor de algo.

Fue la misma mañana señalada por un grupo de 21 reporteros para realizar una protesta pública ante el alcalde Carlos Joaquín González. Con pancartas y grabadoras caídas, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Universidad La Salle, los comunicadores locales se quejaron de una serie de irregularidades que consideraban estaban ocurriendo precisamente en la oficina de Comunicación Social desde que hacía escasamente dos semanas había sido nombrada como responsable Haide Serrano, una colega que, me consta, llegó al puesto con muchas ganas de trabajar y muchos proyectos, pero que en su contra arrastra el hecho de tener poco tiempo y pocos amigos en la plaza. Si a la nueva funcionaria esa circunstancia le pesaba en su ánimo, no lo sabemos, pero un hecho real es que en su presentación misma no fue bien recibida por buena parte del gremio periodístico y ni el propio alcalde parecía muy convencido de su decisión porque no le expresó todo el respaldo que el cargo debe tener. Algo así cala. Forma es fondo, dicen que decía Reyes Heroles.

Los siguientes no fueron buenos días. Para no afligirlos con detalles, sólo diré que la relación entre la prensa y la funcionaria se deterioró con rapidez. Malos tratos, prepotencia, falta de tacto y hasta la aparición de panfletos en la pizarra de esa oficina eran sólo algunas de las quejas que finalmente desencadenaron la inusual manifestación de reporteros.

El caso es que esa mañana, previa a la protesta, Fabiola Cortés olvidó sobre la mesa del café las llaves de su auto. Cosa de caminar una cuadra para darse cuenta que no las traía consigo para regresar al café y recuperarlas. Allí se habían quedado los dos funcionarios de Comunicación Social, pero las llaves no estaban. Raúl Lizárraga y Gustavo Ferrari dijeron no haberlas visto. No se encontraron. Desaparecieron. El auto se quedó estacionado y la reportera tuvo que trasladarse por otra vía a la protesta. Luego, se dijo, regresaría por el auto porque sabía que tenía un duplicado en su casa.

Pero ya no hubo necesidad porque varias horas después, la directora de Comunicación Social, Haide Serrano, se comunicó con Fabiola Cortés para avisarle que sus llaves habían aparecido. Que alguien se las había entregado junto con su bolso. Lo raro era que el bolso nunca fue olvidado, ya que la reportera lo dejó en el interior del auto cuando fue al café. Es decir, quien “encontró” sus llaves conocía su auto y lo abrió porque sólo así pudo haber sacado el bolso. Aunque nada faltaba, es de suponer que el bolso fue registrado, si no cuál era el objeto de moverlo, de sacarlo del carro. Sólo para que quedara constancia de que el auto y sus derechos habían sido vulnerados, no se sabe con qué fin, Fabiola Cortés interpuso esa misma noche una demanda ante el Ministerio Público por hechos probablemente constitutivos de delitos. En su denuncia, sin culparlos, se menciona directamente a Raúl Lizárraga y a Gustavo Ferrari porque fueron los únicos que se quedaron en la mesa del café cuando las llaves fueron olvidadas. Una demanda de trámite casi sin esperar que los hechos fueran investigados, pero al menos para dejar el antecedente. En estos tiempos uno nunca sabe…

La justicia a veces es rápida

Podría pensarse que es cuento, pero la demanda no fue archivada. Quién iba a decir, además, que la Procuraduría de Justicia del estado, que encabeza el inefable Bello Melchor Rodríguez, pareciera interesada en desahogar la denuncia porque la mañana del martes 30 de mayo envió a dos de sus agentes, todo un lujo, al Palacio Municipal para realizar los interrogatorios informales a los involucrados. Nada de cuidado. Nada para temer. Todo por un bolso que apareció donde no debía.

La coordinadora de Comunicación Social recibió a los agentes en su privado, que se encuentra a un paso del espacio común donde muchos reporteros leen periódicos, envían avances a sus medios e intercambian tips. Los judiciales sólo estaban interesados en saber cómo y quién le había hecho llegar el bolso a sus manos, ya que en la denuncia se le menciona como la persona que entregó el bolso y las llaves del auto aunque no estaba presente cuando las llaves desaparecieron. Todo normal, puro trámite, pues.

Pero una camarógrafa del Canal 10 de Cablemas, avispada ella, advirtió la escena y empezó a filmar. Este hecho irritó sobremanera a la nueva funcionaria que le reclamó y le exigió dejara de grabar porque allí no se podía. Así nomás: no se podía. Hubo un intercambio de reclamos. Pero el exabrupto no terminó allí y Haide Serrano amenazó con que se iba a encargar de que esas imágenes no salieran a la luz pública. Al menos así fueron contados los hechos por los reporteros de Canal 10 que, por supuesto, no se sintieron amedrentados, transmitieron las imágenes y dieron cuenta del enojo de la comunicóloga con un tono quizá demasiado editorializado, pero no deshonesto. Ese día, “hubo nota” para comentar en el café. Hasta ahí.

Un alcalde entre enaguas

Sin embargo, el alcalde Carlos Joaquín, quien no debe estar muy enterado de lo que está ocurriendo ni debe saber que todo empezó por un bolso de mujer, se metió en un asunto de enaguas, sólo para resbalar. Compró un pleito que no le tocaba y sólo perdió nivel y compostura.

Ayer miércoles 31 de mayo, pudimos saber de buena fuente, que Joaquín González tomó el teléfono y le habló directamente al ingeniero Toledo, dueño del Canal 10, para reclamarle la actitud de sus reporteros. Acaso no se había dado cuenta que éstos habían caído en el juego perverso del ex alcalde Miguel Ramón Martín Azueta para desestabilizar la oficina de comunicación Social y poder colocar a alguien de su grupo, dicen que le dijo. Y por si no fuera poco, el presidente municipal, hijo de don Nassin Joaquín y hermano del candidato al Senado, Pedro Joaquín Coldwell, perdiendo la sobriedad, le advirtió que con la transmisión de esa información se habían pasado de la raya y que el Ayuntamiento estaba pensando en demandarlos por difamación.

“Sería muy interesante que el presidente municipal de Solidaridad demande al Canal 10”, le respondió Toledo sin perder aplomo.

Pero la verdad no creemos que la sangre llegue al río. Tampoco creemos que el alcalde, objetivamente, piense que Miguel Ramón, quien debe estar riéndose de que lo crean más malo que Salinas, esté detrás de las quejas de los reporteros que no buscan otra cosa que trato digno y respeto. Además, si fuera tanta la desconfianza contra el ex alcalde, por qué Carlos se presenta con Miguel como los grandes amigos. No en balde los dos son cozumeleños. Además, le ha permitido conservar dentro del Ayuntamiento importantes posiciones, entre ellas la Secretaría General y la Oficialía, sólo por mencionar dos.

Es probable que el alcalde sólo quisiera espantar al ingeniero Toledo con el petate del muerto con una denuncia de este tipo, quizá un poco molesto porque Canal 10, además de Noticaribe, fue el único que difundió la información de la protesta de los reporteros del 13 de mayo. Pero nada más. No la va a presentar. Sería una torpeza. Del dicho al hecho hay siempre mucho trecho.

¿O acaso es posible que Carlos Joaquín sólo esté mal asesorado y nadie le haya hecho ver que la difamación es una figura arcaica, luego de que a nivel federal el Congreso la abrogó del Código Penal y ya sólo resta que los estados, incluyendo Quintana Roo, se pongan de acuerdo para despenalizar la difamación en sus respectivos códigos y ya no se use esta arma para tratar de acallar a la prensa? Mal se vería el edil poniendo una demanda por difamación contra una canal de noticias a una semana de que se celebre el Día de la Libertad de Expresión.

Como quiera que sea, qué poca seriedad, qué mal ejemplo… Y todo por un bolso de mujer.

El 9 de septiembre la L.A.E. Marisol Canto Celis, directora de Recursos Humanos, dio respuesta a una solicitud de información en la que se requería el número de asesores contratados por el H. Ayuntamiento de Solidaridad, diciendo que: “En la plantilla de Recursos Humanos no existe el puesto de asesor como tal. Por lo que ningún funcionario público cuenta con personal con dicho puesto”. A pesar de que ya se les veía, escurridizos como son, ir y venir haciendo que hacían, la Dirección de Recursos Humanos negó tajantemente su existencia, dejando un vacío mayor, y si no estaban en la plantilla de Recursos Humanos, quién les pagaba.

También hoy, el presidente municipal los presentó en sociedad. Y perdón que insista, pero a diferencia de lo que ocurrió en septiembre cuando se negó su existencia, hoy, hoy, hoy, Carlos Joaquín González comentó que la Coordinación de asesores ya formaba parte de la estructura municipal: “la teníamos allí, le cambiamos el nombre, la teníamos como Coordinación de proyectos y asesores, le quitamos lo de proyectos para adecuarlo a lo que ocurre en otros municipios”, comentó.

Y como si se tratara un ejército, el edil soliderense no atinó a decir cuántos asesores tenía: “¡ah caray!, alrededor de cinco o seis”, respondió. Lo peor fue cuando se le insistió en conocer el presupuesto que se destina para la ‘manutención de los asesores’: “no me lo sé de memoria, no lo sé, de verdad no lo sé”, aseveró, el mandatario municipal.

Pero la pregunta trascendental, tampoco encontró una respuesta trascendental: ¿Y qué hacen?: “Nos apoyan en muchos de los proyectos, los armamos allí, y eso, coordinamos todo lo que los señores asesores nos hacen para nosotros, especialmente para un servidor”.

A la par que se crea la flamante Coordinación de asesores, se crea la Secretaría particular, la Secretaría técnica, la Coordinación de Comunicación Social y la Coordinación de relaciones públicas, todas, de alguna manera son manojo de un mismo ramo.

Curioseando entre algunos municipios, buscando comprobar que los cambios obedecían a una adecuación con lo que ocurre en otros municipios. Cuál sería mi sorpresa que algunos como el de San Pedro Garza García Nuevo León, donde se concentra la mayor riqueza del país, dicen algunos, no tiene más que una dirección de Comunicación Social, no hay asesores. En otros destinos turísticos como el municipio de Los Cabos, tampoco existe un staff de asesores. Acapulco, gobernado por el perredista Félix Salgado Macedonio, sí hay una Coordinación de proyectos, otra de asesores y una más de relaciones públicas, fue el único parangón que encontré con Solidaridad.

El 14 de enero del 2006, César Castruita, en su columna Los pasos de los pesos en el periódico capitalino La Crónica daba cuenta por primera vez de una polémica interesada que empezaba a surgir mediante diversas filtraciones de prensa en torno a la venta de los terrenos de La Gran Plaza, conocida también como La Cruz de Servicios de Playa del Carmen, durante la administración del gobernador Joaquín Hendricks.

En días pasados, diputados federales y regidores de diversos partidos políticos, excepto el PRI, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks, y otras 11 personas, por un presunto fraude superior a los tres mil 500 millones de pesos, producto de la venta de 700 hectáreas que fueron expropiadas en Playa del Carmen. De acuerdo con la denuncia, hay de por medio una presunta venta simulada que se hizo a la empresa Ronac, la cual mediante un pagaré de 67 millones de pesos adquirió el predio denominado “Cruz de Servicios”. Detrás de la empresa Ronac se encuentra alguien de nombre Rodolfo Rosas Moya, a quien en algunos círculos de la península se le conoce como “El Ahumada del Sureste”.

En la denuncia, además de Hendricks y Rosas, son señalados como responsables de operaciones fraudulentas y enriquecimiento ilícito Francisco Garibay, ex director del Infovir, hoy titular del Instituto de Patrimonio del Estado; Jorge Mariano Morales; Gabriel Mendicuti, ex alcalde de Solidaridad (donde está Playa del Carmen), quien actualmente es secretario de Infraestructura y Transporte del Estado; Arnaldo Ancona; Dolores Rivera; Naim Díaz; Rafael Nava Ortiz; Raúl Rubén Chacur Gómez, y los hermanos Rafael y Patricia Verónica Nava Acuña.
Los denunciantes señalan varios puntos de sospecha, como el hecho de que los anteriores gobiernos estatal y municipal hayan efectuado operaciones con una empresa, Ronac, que sin invertir más que un pagaré de 50 mil pesos en su constitución, en menos de un año logró ganancias por aproximadamente 70 millones de pesos por la venta de tierras en Playa del Carmen.

Aunque la denuncia está presentada ante la PGR, ahí está una tarea para la Secretaría de Hacienda y, principalmente, para el actual gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, de quien se espera una actuación contundente en el caso. De lo contrario, despertará sospechas de complicidad con su antecesor.
En manos de González Canto está recuperar la confianza de la opinión pública y de los inversionistas si logra disipar lo turbio en torno a las operaciones hechas con la denominada “Cruz de Servicios”.

El informado columnista retomó el tema el 28 de enero pidiendo una investigación más profunda del caso. Que Hacienda investigue al Ahumada del Sureste, reclamó en su titular. Aquí el texto:

Legisladores, empresarios y ciudadanía en general de Quintana Roo se preguntan por qué la Secretaría de Hacienda, a cargo de Francisco Gil Díaz, no ha investigado al presunto criminal de cuello blanco Rodolfo Rosas Moya, a quien en algunos círculos de la península de Yucatán se le conoce como El Ahumada del Sureste, cabeza visible de la empresa Ronac y a quien se ha vinculado con el ex gobernador Joaquín Hendricks. Entre las diversas operaciones sospechosas de Ronac y Hendricks se encuentra la venta de un predio en Playa del Carmen, de 700 hectáreas, conocido como “Cruz de Servicios”, que además cuenta con una ubicación privilegiada, con frentes hacia la carretera y hacia el mar.

Diputados locales del PRD, PAN y PT, que presentaron el pasado 13 de enero una denuncia formal al respecto, solicitaron al titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, una audiencia en la que requerirán que las tierras expropiadas y luego vendidas a Ronac, en 11 pesos el metro cuadrado, y que ahora lo vende en más de cinco mil pesos, regresen a sus legítimos dueños. Al momento, Cabeza de Vaca dio a conocer que la dependencia a su cargo inició la averiguación previa contra Hendricks por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, ejercicio indebido del servicio público y enriquecimiento ilícito por la venta del mencionado predio. El procurador detalló que la denuncia se encuentra en etapa de integración y no descartó que el ex gobernador sea citado a declarar para deslindar responsabilidades.

Junto con Hendricks son investigados Francisco Garibay, Jorge Mariano Morales, Gabriel Mendicuti, Arnaldo Alcona, Nahín Díaz, Dolores Rivera, Rodolfo Rosas, los hermanos Rafael y Patricio Nava y Rafael Nava Ortiz, entre otros. Hasta ahora, la respuesta del actual gobernador quintanarroense, Félix González Canto, ha sido defender a su antecesor. Dijo que las demandas tienen “tintes políticos por ser año electoral”. El mandatario estatal debería evaluar hasta dónde le conviene meter las manos al fuego por Hendricks. En tanto, algunos consideran que la Secretaría de Hacienda ya debería intervenir en el asunto, antes de que la contabilidad creativa haga de las suyas y luego no haya delito qué perseguir.

Sin embargo, para el 4 de febrero, el mismo columnista parece rectificar sobre lo escrito, o al menos, al recibir nueva información, la da por cierta sin cuestionarla y sin contextualizarla con respecto a lo que él mismo había publicado apenas unos días atrás en La Crónica. Aquí el texto:

Desde playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, nos informan que en la adquisición y desarrollo del predio denominado “Cruz de Servicios”, a cargo de la empresa Ronac, que encabeza Rodolfo Rosas, de origen todo se ha hecho con apego a la ley y que no existe ninguna relación con el ex gobernador de la entidad, Joaquín Hendricks.

El terreno, cuya superficie total es de 56 hectáreas, ya cuenta con toda la infraestructura y está listo para que comiencen las construcciones de zonas habitacionales y comerciales, así como unidades deportivas, hospitales, escuelas, universidades, la presidencia municipal y oficinas estatales. De hecho ya está en marcha lo que será la Plaza de las Américas con tiendas anclas como Chedraui, entre otras. La inversión por parte de Ronac ha sido de 20 millones de dólares, y se espera que sea detonador de más llegada de capitales y de desarrollo, con efecto multiplicador en buena parte del sureste mexicano.

Después de leer esto, no queda más que hacer propia la frase de Condorito, el pájarraco argentino de los historietas, que aunque listillo y burlador, de vez en cuanto pasaba a ser el burlado por situaciones absurdas que se le imponían y donde muchas veces el chiste es que ya no había chiste: Exijo una explicación...

Por lo menos a este columnista ya le aclararon que no son 700 hectáreas las que están en juego sino sólo 56 (aunque la extensión correcta de los terrenos de La Gran Plaza es de 72 hectáreas, aunque la diferencia corresponde al equipamiento del complejo).

Por supuesto, no estoy poniendo en duda la honestidad del columnista. Yo nada más soy un simple lector. Al menos no tengo evidencia para más. Pero situaciones como esta sólo nos recuerdan que quienes trabajamos en los medios necesitamos ser más críticos e incisivos con nuestro propio trabajo, porque al publicar versiones descontextualizadas y por certeras provocamos sólo más confusión y abulia en el lector, además de que se corre el el riesgo de quedar como simple peón de intereses ajenos al deber de informar en un juego donde todos perdemos.

Bueno, no todos...

El presidente del periódico es Miguel Quintana Pali, socio mayoritario del parque turí­stico Xcaret que se localiza en la Riviera Maya, donde también aplicó recortes y dio vacaciones forzadas a su personal sin goce de sueldo. Al menos 80 trabajadores de los medios se quedaron hoy sin empleo. Se les liquidará, pero no conforme a la ley. Sólo se les pagará el 50 por ciento.

Y eso que Quintana Pali y sus socios, los hermanos Constandse Madrazo, primos del inefable Roberto Madrazo, sin olvidar a Francisco Cordova Lira, director del Corporativo Xcaret, se dicen empresarios "socialmente responsables".

El día de hoy, 14 de noviembre de 2005, La Dirección de La Voz de México ha tomado la decisión de retirar de la circulación su periódico La Voz del Caribe. Esta difí­cil decisión radica principalmente en una posición financiera insostenible. Nuestra responsabilidad con la comunidad nos llevó a hacer un esfuerzo extraordinario por mantener este medio de información durante más de cinco años. La actual situación nos ha imposibilitado continuar con esta tarea.

El periódico La Voz del Caribe se fundó en el año 2000, y desde entonces se ha distinguido por ser un periódico serio e independiente; esta posición entre nuestros lectores sólo fue posible gracias a la entrega profesional de todos nuestros colaboradores a quienes damos las gracias. Agradecemos también a todos nuestros lectores la preferencia y confianza de permitirnos entrar diariamente a sus hogares".

Gerardo García, director general del periódico, por su parte, atribuye el cierre a "los saldos de Wilma":

La crisis (provocada por el paso del huracán) ha generado, lo hemos dicho, la imposibilidad de que muchas empresas subsistan en este entorno. Este diario no tenía porque ser la excepción (...) ¿Qué queda? Mucho. El pundonor y la responsabilidad de tantos que creyeron en este periódico. Lectores, clientes, trabajadores amigos. Todos los que hicieron posible, durante dos mil cincuenta y dos ediciones, este periódico, son simplemente ejemplos (...) es el fin de una época. Es y será siempre un privilegio haber construido con todos este diario. Gracias".

Ya sólo quiero agregar el texto de un correo que me envió uno de los hoy desempleados de La Voz del Caribe.

Aunque las instalaciones del periódico Voz del Caribe no sufrieron daños graves, incluso la maquinaria estaba ya trabajando normalmente, la empresa decidió cerrar el periódico alegando que es incosteable desde hace años. Así­ que por lo menos 80 personas están ahora sin trabajo, en medio de la crisis económica que generó el huracán.

Quiero manifestar que por supuesto estoy inconforme con esta decisión tan precipitada, de pánico dirí­a, sobre todo porque la empresa se anuncia como "socialmente responsable". Todos sabemos que el gobierno federal ofreció apoyos fiscales y de créditos para las compañí­as afectadas; sin embargo nuestros patrones no tuvieron el mismo gesto con nosotros, pues además de despedirnos, nos dieron una liquidación rebajada al 50 por ciento, alegando falta de recursos.

Ahora no sabemos qué va a pasar en el corto plazo. En mi caso estaré buscando otro empleo, el cual será muy difí­cil conseguir, pero confí­o que algo encontraé aunque sea para sobrellevar los próximos meses de recuperación de Cancún. En estos dí­as difíciles, cualquier empleo será bienvenido, en cualquier área, incluido el autoempleo, así­ que no se admiren si me ven pronto de taxista, de taquero, o de merolico. Lástima que no aprendí­ albañilerí­a, ya que de eso sí­ hay trabajo en varias partes".