Hoy se anunció la creación, modificación, escisión, adaptación de una docena de direcciones, al tiempo que se oficializó la existencia y el ingreso a nómina de “los asesores”, figura conocida en los pasillos, las pláticas, los comentarios y las referencias, pero que se mantenía bajo “la sombra” o “el cobijo”, mejor dicho de alguien.
La excesiva importancia que en provincia los sectores del poder le dan a los medios capitalinos, que no nacionales, es similar a la que, por ejemplo, el gobierno federal prodiga a la prensa extranjera, principalmente a los diarios económicos más influyentes. Esto provoca que los columnistas (buenos o malos) sean un sector buscado para tratar de imponer un punto de vista interesado sobre algún conflicto, esperando torcer, o al menos ganar una batalla mediática que al final no ncesariamente significa el triunfo real. El caso Ronac, en donde se presumen irregularidades por parte del gobierno de Joaquín Hendricks Díaz en la venta de terrenos a esta comercializadora del empresario yucateco Rodolfo Rosas Moya para desarrollar el proyecto de La Gran Plaza de Playa del Carmen ilustra esta situación, que además, nos interesa por situación geográfica.
A partir del primero de agosto, y con la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, estará a prueba la voluntad del gobierno del estado y de los municipios para transparentar la administración pública, pero también permitirá saber si existe continuidad en los proyectos de gobierno y si hay sincronía en el presupuesto, dijo Carlos Alberto Bazán Castro.
Este sábado tuvimos oportunidad de entrevistar en Playa del Carmen al consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien no obstante, también reconoció que la Ley arranca con deficiencias y trabas que hacen complicado que los ciudadanos tengan acceso real a mucha información de los “sujetos obligados” como se les ha definido a las dependencias y órganos del gobierno del estado, incluyendo el Ejecutivo, así como a los Ayuntamientos, por lo que consideró necesaria e inevitable que la ley entre a una reforma en el Congreso.
Hoy los periódicos dan cuenta de algunas reformas que realizó el Senado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que rige al gobierno federal para actualizar la normatividad y perfeccionar el sistema de entrega de datos a la ciudadanía (consulta la nota). En Quintana Roo, mientras tanto, esperarán hasta que la Ley entre en vigor el primero de junio del 2005 para intentar reparar insuficiencias y deficiencias del documento.
El Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) publicó su investigación global anual de libertad de prensa, y tiene un apartado sobre México que sin ser demasido extenso o profundo, dibuja de manera general algunos de los principales problemas que enfrenta la prensa en el país, con características incluso regionales, pero que vale la pena revisar porque, después de todo, mucho de la transparecencia que la ciudadanía desea, pasa necesariamente por una prensa libre, aunque actualmente, sólo en pocos casos, los medios pueden presumir de la misma transparencia que muchas veces reclaman en pomposos titulares a ocho columnas.
En el proceso para que entre en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Quintana Roo, no quería dejar pasar la oportunidad de comentar una entrevista aparecida en El Universal de la reportera Lilia Saúl con Thomas Blanton, director ejecutivo del Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive) de Estados Unidos, que fue hecha en Cancún, precisamente aprovechando la Tercera Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a a la Información que se realizó la semana pasada en ese destino.
